Abuso de poder

Dirigente acusa a policías de extorsionar a agricultores y amedrentar a jóvenes comunitarios en Atalaya

Por: Roberto Alván

La provincia de Atalaya se encuentra al límite de un peligroso desborde social debido a la indignación generalizada provocada por las graves acusaciones que pesan sobre miembros de la Comisaría Sectorial de Atalaya.

En recientes declaraciones brindadas al programa El Reporter Sam, de radio Súper, Víctor Raúl Dipas Tovar, presidente del Frente Único de Defensa de la Provincia de Atalaya, lanzó una severa advertencia tras arribar a Pucallpa: la población evalúa asumir el control del orden interno ante la presunta operatividad de una red criminal enquistada en las fuerzas del orden.

Según la denuncia pública formulada por el dirigente local, malos efectivos policiales vendrían ejecutando cobros indebidos y actos de extorsión dirigidos de manera sistemática contra agricultores y transportistas de la zona.

Las víctimas son ciudadanos que trasladan combustible en pequeñas cantidades hacia sectores rurales como Tahuanía y Unini, insumo vital para el funcionamiento de sus «peque-peques», motocultivadoras y generadores de energía eléctrica en sus comunidades.

Dipas Tovar cuestionó enérgicamente la validez de estas intervenciones, señalando que en ellas participarían agentes que no pertenecen a unidades especializadas de Tránsito ni de Carreteras.

El clima de tensión se agrava con el reporte de abusos físicos.

El dirigente denunció la brutal agresión sufrida por un estudiante de enfermería de un instituto tecnológico local, quien resultó con graves lesiones en el rostro tras un procedimiento policial flagrantemente irregular.

Ante este escenario de desprotección e impunidad, el Frente de Defensa apela al mando institucional de la Policía Nacional del Perú y a las autoridades regionales de Ucayali para que intervengan de manera inmediata, investiguen exhaustivamente estos presuntos delitos y apliquen sanciones ejemplares a los responsables.

La comunidad de Atalaya exige respuestas contundentes e inmediatas antes de que la desconfianza institucional desencadene un conflicto social irreparablemente mayor.

«La confianza entre la ciudadanía y las fuerzas del orden no se quiebra por accidente; se desmorona cuando el uniforme, concebido para proteger, termina convertido en un instrumento de coerción.

Las graves acusaciones planteadas en Atalaya exigen algo más que un trámite administrativo o la habitual promesa de “investigación interna”: demandan una respuesta institucional implacable y transparente.

Mirar hacia otro lado o minimizar el reclamo de un pueblo cansado del abuso equivale a incubar la violencia.

El mando policial y el gobierno regional tienen la palabra y el deber de actuar antes de que la indignación popular desborde el Estado de derecho».

«Cuando un pueblo evalúa seriamente tomar el control de su propia seguridad, no estamos ante una simple protesta sectorial, sino ante el síntoma inequívoco de un Estado en retirada.

Atalaya ha lanzado un ultimátum desde los micrófonos de la selva ucayalina: no tolerará más que la supervivencia diaria de sus agricultores sea chantajeada por quienes juraron defenderlos.

El tiempo del silencio se agotó. Corresponde a las autoridades demostrarle a esta provincia que en el Perú aún prevalece la ley sobre la arbitrariedad, antes de que el fuego de la indignación encienda un conflicto social de consecuencias impredecibles».

«Atalaya no pide favores; exige justicia. Entre el traslado de combustible para alimentar un “peque-peque” y la agresión a un estudiante universitario, se dibuja la sombra de un abuso sistemático que no puede quedar impune.

La advertencia emitida en Reporter Sam, de radio Súper, no es una amenaza vacía, es la voz de una comunidad acorralada.

La Policía Nacional tiene hoy la imperiosa obligación moral y legal de depurar sus filas y devolverle la tranquilidad a la provincia.

Mañana, cuando el descontento gane las calles, cualquier reacción ya será demasiado tarde».