La Voz de los Vecinos
Ucayali: la crisis ambiental que el Estado ignora
Deforestación ilegal, economías criminales y comunidades abandonadas configuran una emergencia silenciosa en la Amazonía ucayalina, frente a la pasividad de las autoridades.
Por Miguel Ángel Saavedra Neyra / Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
Ucayali atraviesa una de las peores crisis ambientales de su historia reciente. No se trata de una percepción alarmista, sino de una realidad respaldada por cifras oficiales.
De acuerdo con datos del Ministerio del Ambiente, la región lidera la pérdida de bosques amazónicos en el país, con decenas de miles de hectáreas deforestadas cada año. Lo más preocupante es que la gran mayoría de esta pérdida ocurre fuera del marco legal, evidenciando un Estado débil para prevenir, fiscalizar y sancionar los delitos ambientales.
La deforestación en Ucayali no responde únicamente a la expansión agrícola informal. Está estrechamente vinculada a economías ilegales como el narcotráfico, la tala clandestina y el tráfico de tierras, que avanzan sobre territorios indígenas y zonas de alta biodiversidad.
Ríos como el Abujao y el Utuquinía se han convertido en corredores del crimen organizado, donde se abren trochas ilegales, se instalan cultivos ilícitos y se destruyen bosques primarios sin mayor resistencia institucional.
Esta devastación no ocurre en el vacío. Tiene consecuencias sociales profundas. Las comunidades nativas —shipibo-konibo, asháninka, kakataibo, entre otras— ven amenazada su seguridad alimentaria, su cultura y su derecho ancestral al territorio. Allí donde antes hubo bosque, hoy hay miedo.
El Estado llega tarde o simplemente no llega. Los puestos de control forestal son insuficientes, la fiscalización es intermitente y las acciones de interdicción no logran frenar el avance de actividades ilícitas que operan con logística, financiamiento y redes bien organizadas.
El rostro más dramático de esta crisis es la violencia contra los defensores ambientales. Ucayali se ha convertido en una de las regiones más peligrosas del país para quienes alzan la voz en defensa del bosque. En los últimos años, líderes indígenas y comunales han sido asesinados tras denunciar tala ilegal y narcotráfico.
Estos crímenes, en su mayoría, permanecen impunes o avanzan lentamente en el sistema judicial, enviando un mensaje devastador: defender la Amazonía puede costar la vida.
Si bien el Perú cuenta con un marco normativo ambiental sólido, su aplicación es deficiente. Informes de la Contraloría General de la República han advertido reiteradamente sobre omisiones y fallas en la supervisión de entidades responsables del control forestal.
A ello se suma un contexto político que, lejos de fortalecer la gobernanza ambiental, ha aprobado normas cuestionadas por especialistas por debilitar la protección de los bosques y generar señales de permisividad frente a la ilegalidad.
Resulta legítimo preguntarse: ¿dónde está el Estado cuando la selva se quema?, ¿dónde están las políticas públicas sostenidas que protejan a las comunidades y frenen el avance del crimen ambiental? No basta con declaraciones ni operativos aislados. Se requiere presencia permanente, presupuesto adecuado, coordinación interinstitucional y, sobre todo, voluntad política.
Como sociedad, no podemos normalizar la destrucción de nuestra Amazonía ni el abandono de quienes la defienden.
La crisis ambiental de Ucayali no es un problema lejano ni exclusivo de la selva: afecta al equilibrio climático, a la seguridad territorial y al futuro del país. Callar frente a esta realidad es ser cómplice por omisión.
Es momento de exigir un Estado que cumpla su rol, que haga respetar la ley y que proteja la vida, el bosque y la dignidad de las comunidades amazónicas. Ucayali no puede seguir ardiendo en silencio.
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