La Voz de los Vecinos

¿Ejecución eficiente o decepción presupuestal? Balance crítico de la gestión pública 2025 en Ucayali

Por Miguel Ángel Saavedra Neyra / Licenciado en Ciencias de la Comunicación

Como Licenciado en Ciencias de la Comunicación y ciudadano de Ucayali, considero que el 2025 deja una lección que las autoridades no deberían minimizar: el problema no fue la falta de presupuesto, sino la falta de capacidad para gastarlo bien y a tiempo.

En un año en el que el Gobierno Regional y los municipios manejaron cifras históricas, la sensación en las calles es otra: obras inconclusas, proyectos tardíos y promesas que no se materializaron.

El Gobierno Regional de Ucayali cerró el año destacando una ejecución financiera cercana al 95 %, cifra que luce bien en los reportes del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, ese porcentaje pierde valor cuando se constata que proyectos estratégicos, como la ampliación del Hospital Regional de Pucallpa, no lograron entrar en plena operación en 2025. La demora no es un detalle técnico: significa atención médica postergada, mayores costos por referencias fuera de la región y un retorno social que simplemente no llegó cuando debía.

En el nivel municipal, el panorama es más crítico. La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo contó con recursos suficientes para generar un impacto real en Pucallpa, pero avanzó con una lentitud que incluso motivó alertas de la Contraloría General. Ejecutar menos de un tercio del presupuesto de inversiones durante gran parte del año y acelerar obras al final del calendario fiscal no es eficiencia; es improvisación. Y en gestión pública, la improvisación siempre termina pagándola la ciudadanía.

El caso de Yarinacocha resulta difícil de justificar. Con niveles de ejecución de inversiones que no superaron el 25 % durante meses, el distrito dejó paralizado su propio desarrollo. No ejecutar presupuesto no es neutral: implica obras que no generan empleo, servicios que no mejoran y vecinos que siguen esperando soluciones básicas. Aquí no se trata de discursos ni de explicaciones administrativas, sino de resultados concretos que nunca llegaron.

Manantay mostró cifras ligeramente mejores, pero repitió el mismo patrón: proyectos que arrancan tarde y beneficios que se trasladan al siguiente año. Anunciar obras no es gobernar. Gobernar es planificar, ejecutar y entregar resultados dentro del plazo para el cual se asignaron los recursos.

Ahora bien, hay una pregunta clave que muchos ciudadanos se hacen y con razón: ¿qué pasa con el dinero que no se ejecuta? La respuesta es clara. Según las normas del sistema presupuestal, los recursos que no se devengan al cierre del año fiscal retornan al Tesoro Público, salvo excepciones muy específicas vinculadas a compromisos formalmente registrados. En la práctica, esto significa que la incapacidad de gasto no solo frena el desarrollo local, sino que puede hacer que Ucayali pierda recursos que difícilmente se recuperan en el corto plazo. Es decir, el dinero existe, pero se va, y con él se van obras, empleo y oportunidades.

Desde la comunicación pública, este escenario también erosiona la credibilidad institucional. Los discursos optimistas y las cifras destacadas no logran ocultar lo evidente: la gente evalúa a sus autoridades por lo que ve y siente en su entorno, no por lo que aparece en un cuadro estadístico.

La subejecución presupuestal, aunque no siempre genere sanciones inmediatas, es una forma silenciosa de irresponsabilidad política.

De cara al 2026, las autoridades regionales y locales ya no pueden refugiarse en excusas técnicas ni en porcentajes de ejecución financiera. El presupuesto es un medio, no un fin. Y mientras Ucayali siga devolviendo recursos por falta de capacidad de gasto, la decepción presupuestal seguirá siendo una realidad que pesa más que cualquier informe oficial.

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