El barril sin fondo que nos deja sin país

Por Mag. Miguel Saavedra / Licenciado en Ciencias de la Comunicación

Manejen por cualquier ciudad del Perú que no sea Lima. No hace falta más para entender el problema. En Pucallpa, la propia Carretera Federico Basadre, símbolo histórico de conexión con la capital y arteria comercial de la Amazonía, parece una vía bombardeada. Si así está su principal eje vial, hablar del estado de avenidas secundarias o calles interiores resulta casi redundante. La pregunta ya no es qué falta arreglar; es qué queda en pie.

La escena se repite a lo largo y ancho del país: periferias donde el agua llega en cisterna a precio de oro, comunidades enteras sin electricidad plena en pleno 2026, colegios que se mantienen de pie más por costumbre que por condiciones, postas médicas sin equipamiento básico ni medicinas.

No estamos frente a excepciones aisladas: estamos frente a un patrón estructural que el Estado peruano ha normalizado.

Ahora observe la otra cara de la moneda. Entre 2022 y 2025, el Estado destinó más de US$6,800 millones a sostener a Petroperú. Y la historia no termina: hace pocos días la empresa pidió otros US$2,000 millones, y se siguen evaluando recursos en silencio, mediante decretos de urgencia firmados a fin de año y "honras de garantía" que evitan pasar por el Congreso.

No es solo una cifra fría: es una decisión política que revela, con crudeza, las verdaderas prioridades del aparato estatal.

Y los números acompañan el diagnóstico. Una empresa con trece presidentes de directorio en cinco años, pérdidas acumuladas de US$2,184 millones desde 2022 y una deuda 3.8 veces superior a su capital, cuando empresas comparables del sector están en 0.75.

El FMI advirtió, las clasificadoras de riesgo advirtieron, sus propios exgerentes advirtieron. Pero el salvataje continúa.

Con ese dinero, la historia de la Federico Basadre y la de miles de kilómetros de vías abandonadas en la sierra y la selva sería radicalmente distinta. Habría carreteras transitables, servicios básicos extendidos a los millones de peruanos que aún no los tienen, hospitales funcionando en las 11 regiones del país que no cuentan con uno solo en condiciones adecuadas y colegios reconstruidos en las zonas más olvidadas. Pero no.

Se sigue alimentando un barril sin fondo mientras el país real espera, paciente, resignado, callado.

El problema ya no es técnico ni económico: es profundamente moral. Cada salvataje es una obra que no se ejecuta, una familia que sigue sin agua, un paciente que no recibe atención oportuna, un niño que estudia bajo un techo que se llueve.

Y lo más grave de todo: ocurre sin debate público, sin transparencia, sin rendición de cuentas. Mientras a un alcalde distrital se le audita hasta el último lapicero, a Petroperú se le perdonan miles de millones con la firma de cuatro ministros y un presidente de turno.

El Perú no es un país pobre. Es un país que insiste en elegir mal sus prioridades. Que asfixia al emprendedor formal con impuestos para subsidiar a una empresa quebrada. Que recorta a hospitales y escuelas mientras firma cheques en blanco para Talara. Y, mientras eso no cambie, la imagen de la Federico Basadre no será solamente una carretera en mal estado: será el reflejo más nítido y doloroso de un país que avanza a trompicones, cargando sobre sus hombros el peso de las decisiones que otros toman a su nombre.

Quizá la verdadera pregunta no sea cuánto más le costará Petroperú al país. Quizá sea otra, más incómoda: ¿hasta cuándo vamos a aceptar que el Estado nos siga eligiendo a los últimos en la fila?