La Voz de los Vecinos

El voto en blanco no tumba solo una elección, pero sí puede desnudar una crisis legal

Artículo de opinión: Miguel Saavedra Neyra

El voto en blanco es una señal legítima de descontento ciudadano, pero en una segunda vuelta presidencial puede convertirse en un serio problema si el país no tiene reglas claras. La debilidad no está en que la gente vote en blanco; la verdadera debilidad está en que el sistema electoral peruano aún mantiene zonas grises para interpretar un escenario de rechazo masivo en las urnas.

Por ejemplo, no es lo mismo decir que el 50 % de los votos son blancos que afirmar que el 50 % de los votos emitidos son blancos, o que la mitad del padrón electoral optó por esta posición. Cada caso tiene una lectura distinta. Ahí nace el riesgo: la ciudadanía puede creer una cosa, los partidos políticos defender otra y las autoridades electorales quedar bajo presión en medio de una coyuntura altamente sensible.

La Constitución señala que la nulidad procede cuando los votos blancos o nulos superan los dos tercios de los votos emitidos. Sin embargo, algunos artículos de la Ley Orgánica de Elecciones abren espacio a interpretaciones distintas al referirse a los votos válidos. Esa diferencia parece técnica, pero en una elección ajustada puede convertirse en una bomba política.

La principal debilidad del sistema es haber dejado dudas en un tema tan delicado. A ello se suma la poca educación electoral: muchos ciudadanos no diferencian entre voto válido, voto emitido, voto blanco, voto nulo y padrón electoral. Esa confusión puede ser usada para alimentar denuncias, protestas o falsas expectativas.

Si el voto en blanco crece, el mensaje político será claro: rechazo, cansancio y desconfianza. Pero, si las reglas no están bien definidas, ese mensaje puede transformarse en crisis.

En democracia no basta con contar votos. También se necesita que la población entienda el valor y las consecuencias de cada voto. Un país que llega a una segunda vuelta con reglas débiles corre el riesgo de que el resultado legal no sea aceptado como legítimo por una parte importante de la ciudadanía.