Confusión judicial
Municipalidad de Coronel Portillo aclara fallo judicial sobre remodelación
Alcaldesa Janet Castagne defiende continuidad de obras en Pucallpa.
Pucallpa.- El Plan Copesco Nacional y el Consorcio Plaza 242 han sido notificados de la sentencia de hábeas corpus que otorga un plazo de 48 horas para liberar el jirón 9 de Diciembre, en el tramo comprendido entre los jirones Ucayali y Tarapacá, de toda estructura y obra ejecutada.
Sin embargo, este sector forma parte del proyecto de remodelación del Malecón Grau de Pucallpa, con una inversión de S/ 2.7 millones, que aún se encuentra bajo la responsabilidad de ambas entidades.
La obra, culminada el 17 de julio de 2025, pasó por un proceso de recepción los días 14 y 15 de agosto, donde el Comité de Recepción de Obra del Plan Copesco Nacional realizó observaciones y suscribió un acta. Actualmente, el proyecto se encuentra en plazo de levantamiento de observaciones hasta el 12 de septiembre, fecha en la que se realizará una nueva verificación in situ.
Pese a este procedimiento, la jueza Sally Karen Beltrán Torres, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo liberar la zona.
No obstante, la comuna, dirigida por la alcaldesa Janet Castagne Vásquez, advirtió que no puede ejecutar dicha medida, ya que el sector no está bajo su administración directa, sino del Plan Copesco y el Consorcio Plaza 242. Cualquier intento de demolición, remarcaron, afectaría el patrimonio público y generaría consecuencias legales y económicas.
La municipalidad respondió formalmente al juzgado, presentando la documentación que acredita el estado de avance del proyecto y la imposibilidad de intervenir mientras la obra siga en proceso de supervisión y levantamiento de observaciones.
Según la comuna, la sentencia judicial desconoce el marco administrativo de la inversión pública y podría ocasionar un perjuicio a los recursos destinados a mejorar la ciudad.
Asimismo, se enfatizó que el tramo del jirón 9 de Diciembre no se encuentra bloqueado de manera arbitraria, como se planteó en la resolución judicial, sino que es parte de un proceso de remodelación urbana que busca recuperar un espacio históricamente afectado por la delincuencia y la prostitución.
El objetivo del proyecto es modernizar la zona, embellecer el entorno y reforzar la seguridad ciudadana.
La controversia refleja una clara descoordinación entre el poder judicial y las instituciones a cargo de la obra. Mientras el Plan Copesco Nacional avanza en el proceso de culminación y entrega de la inversión, una orden judicial amenaza con frenar un proyecto que representa un hito en la modernización del centro urbano de Pucallpa.
Con el plazo judicial en marcha, las autoridades locales y nacionales deberán encontrar una salida que evite la paralización de los trabajos y proteja los recursos invertidos, garantizando a la ciudadanía la recuperación de un espacio público que ha esperado décadas para ser transformado.
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