Líderes indígenas denuncian economía criminal
Minería ilegal contamina ríos y corrompe autoridades en la Amazonía peruana
Riesgo por la acción de dragas ilegales y el uso masivo de mercurio
En regiones como Loreto, Ucayali y Amazonas, las dragas ilegales operan casi sin resistencia. El Ministerio del Ambiente ha advertido que una sola draga puede liberar entre uno y tres kilos de mercurio al mes. En el río Nanay, fuente vital de agua para más de 500 mil personas, se han detectado niveles elevados de mercurio en la sangre del 80% de la población, según el Comité de Protección del Agua de Iquitos.
Apus corrompidos y comunidades divididas
La situación es alarmante en la Nación Wampis, donde se ha documentado la presencia de dragas en el río Santiago, dentro de territorio ancestral. Evaristo Wajai, abogado y director de justicia del pueblo Wampis, denunció públicamente que operadores mineros compran la voluntad de los apus para seguir extrayendo oro impunemente.
“Compran conciencias para obtener legitimidad y así operar sin restricciones”, afirmó.
En Ucayali, la situación es similar. Lizardo Cauper Pezo, presidente del Consejo Shipibo-Conibo-Xetebo, denunció que su región también sufre por el avance de la minería, el narcotráfico y la tala ilegal. Actividades que, según indicó, han generado divisiones internas y hasta asesinatos. “La corrupción divide a las poblaciones. Hemos presentado denuncias, pero no hay respuesta concreta”, lamentó.
Nanay: río contaminado, ciudad amenazada
El caso más crítico se vive en Loreto, donde el río Nanay se encuentra bajo asedio. José Manuyama, dirigente Kukama y coordinador del Comité de Defensa del Agua, advirtió que la minería aurífera amenaza directamente a Iquitos, ciudad que depende del Nanay para su abastecimiento.
“No existiría minería en el Nanay sin la complicidad o negligencia del Estado en todos sus niveles”, sentenció Manuyama.
Responsabilizó directamente al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Fiscalía, Gobierno Regional y al Ejecutivo, por su inacción sostenida. “Si las comunidades estuvieran atendidas, no habría ingreso de ninguna actividad ilegal”, agregó.
Desde San Martín, también se reporta la aparición de dragas en la cuenca del río Huallaga, ampliando el mapa de afectación.
Fiscales sin recursos frente al crimen ambiental
El fiscal Frank Almanza, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos Ambientales, reconoció que el Ministerio Público no cuenta con el personal ni los recursos logísticos suficientes para hacer frente a esta amenaza.
En Loreto, apenas hay dos fiscales provinciales para delitos ambientales. La situación se repite en Pucallpa y Amazonas.
“Necesitamos una reforma legislativa, más fiscales y mejor equipamiento. Sin eso, enfrentamos una situación muy grave”, declaró Almanza.
El fiscal también reveló que al menos 20 autoridades o exautoridades están bajo investigación por su vínculo con redes ilegales vinculadas a delitos ambientales.
La minería ilegal, lejos de ser solo una amenaza ecológica, se ha convertido en un poder paralelo que desmantela comunidades, coarta liderazgos legítimos y profundiza la desigualdad en los territorios más olvidados del país.
Fuente: Infobae
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