Candidata enfrenta proceso judicial
Candidata de Fuerza Popular se presenta ante Poder Judicial tras polémica
Fiscalía pide prisión por presunto desvío de fondos públicos.


Pucallpa.- La candidata a la Cámara de Diputados por Fuerza Popular en la región Ucayali, Jessica Navas Sánchez, se presentó ante el Poder Judicial luego de haber sido declarada inicialmente reo contumaz por no asistir a la audiencia de instalación del juicio oral que enfrenta por un presunto caso de malversación de fondos.
La medida fue adoptada por la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que dispuso su ubicación y captura para asegurar su participación en el proceso judicial.
La decisión se tomó después de que la candidata no se conectara ni asistiera a la diligencia programada para iniciar el juicio oral en su contra.
Tras conocerse la resolución, Jessica Navas Sánchez acudió posteriormente a la sede judicial para ponerse a derecho.
La postulante explicó que su ausencia en la audiencia se debió a problemas de conexión durante la diligencia virtual.
Asimismo, indicó que su abogado no pudo asistir porque se encontraba enfermo y tenía el celular sin batería, lo que habría impedido la comunicación durante la audiencia.
Luego de que la candidata se presentara ante las autoridades judiciales, el Poder Judicial emitió una nueva resolución que dejó sin efecto la orden de captura y detención que se había dictado en su contra.
Con esta decisión, la postulante quedó habilitada para continuar afrontando el proceso judicial mientras se desarrollan las siguientes audiencias programadas.
El caso que se investiga está relacionado con el proyecto “Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha – Ucayali”, ejecutado cuando Navas Sánchez se desempeñaba como funcionaria en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur).
Según la acusación fiscal, durante la ejecución de este proyecto se habrían adquirido bienes que no estaban contemplados en el presupuesto aprobado, financiado con recursos del Plan Copesco Nacional.
De acuerdo con el Ministerio Público, estas adquisiciones habrían generado un presunto perjuicio económico al Estado de 560,827 soles.
Por este motivo, la Fiscalía solicita para la candidata una pena de 4 años y 8 meses de prisión, además de 1 año y 8 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 9,000 soles por reparación civil.
Mientras tanto, el proceso judicial seguirá su curso en las próximas audiencias programadas por el Poder Judicial, donde se evaluarán las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa.
El caso ocurre en pleno contexto de las Elecciones Generales 2026, lo que ha generado atención pública sobre la situación legal de la candidata.

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