Justicia indígena en debate

Justicia decidirá destino judicial de asesinos de líderes indígenas

Familias esperan justicia plena tras casi diez años de lucha.

Pucallpa.- En Ucayali, se desarrolla una audiencia clave sobre el emblemático caso Saweto, en el que fueron asesinados cuatro líderes indígenas ashéninkas en 2014. La sesión busca determinar si se aumentarán las penas impuestas a los responsables, tras un largo proceso judicial que ha estado marcado por retrasos, apelaciones y reclamos de impunidad.

El crimen ocurrió en setiembre de 2014, cuando los líderes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo fueron emboscados y asesinados en la frontera con Brasil.

Su muerte se convirtió en un símbolo de la lucha indígena contra la tala ilegal en la Amazonía peruana. La comunidad de Alto Tamaya-Saweto denunció desde entonces amenazas y abandono por parte del Estado.

En 2023, el Poder Judicial condenó a 28 años de cárcel a los madereros José Estrada, Hugo Soria, Eurico Mapes y Josimar Atachi, tras hallarlos responsables del asesinato.

Sin embargo, las familias de las víctimas y organizaciones indígenas consideran que las penas no reflejan la gravedad del crimen y esperan que la audiencia en curso ratifique o incluso eleve las sanciones.

La Defensoría del Pueblo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y otros colectivos acompañan el proceso, resaltando que este caso no solo busca justicia para las víctimas, sino también protección para los pueblos indígenas que defienden sus territorios frente a actividades ilegales.

Para las viudas y familiares de los dirigentes, esta audiencia es una oportunidad para que el sistema judicial envíe un mensaje claro contra la impunidad.

“Han pasado casi 10 años y todavía seguimos esperando justicia completa”, señalaron en declaraciones previas.

El caso Saweto ha visibilizado las constantes amenazas que enfrentan los defensores ambientales en el Perú. Según datos de organizaciones internacionales, el país se encuentra entre los más peligrosos de la región para quienes protegen la Amazonía y los recursos naturales.

La decisión final del tribunal será clave no solo para las familias de las víctimas, sino también para las comunidades indígenas que ven en este proceso un precedente de lucha contra la violencia y la corrupción vinculada a la explotación ilegal de madera.

Mientras tanto, la expectativa crece en Ucayali y en todo el país por lo que será una sentencia que marcará un hito en la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.


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