Comunidades indígenas denuncian

Desamparo estatal ante minería ilegal pone en riesgo a pueblos amazónicos

Dirigentes amazónicos acusan al Estado de inacción y complicidad

La minería ilegal continúa expandiéndose de manera acelerada en la Amazonía peruana, generando una crisis social y ambiental que —según denuncias de comunidades originarias— cuenta con el silencio cómplice del Estado. Representantes de los pueblos shipibo-conibo, loretano y wampis alzaron su voz ante lo que califican como una amenaza directa a sus territorios, su salud y su integridad colectiva.

“Actualmente, crece la minería ilegal y otras actividades que contaminan al medio ambiente. También eso afecta a la población del pueblo shipibo-conibo y a otros pueblos, no solamente indígenas”, denunció Lizardo Cauper Pezzo, presidente del Consejo Shipibo-Conibo.

La denuncia va más allá del impacto ecológico: campamentos ilegales se instalan en las cabeceras de los ríos que alimentan al Ucayali, afectando a miles de personas que dependen de estos afluentes. Cauper también lamentó que estos impactos no se reflejen en datos oficiales: “No están, actualmente, en informaciones las cantidades de ríos que existen en la Amazonía peruana”.

Además, alertó sobre asesinatos de líderes territoriales y cuestionó la exclusión de los pueblos indígenas en los procesos de formalización minera: “Las autoridades no lo están viendo. No tenemos respuesta concreta en esta situación”.

“Sin el Estado, es imposible enfrentar esta mafia”

Desde Iquitos, el docente y activista José Manuyama, coordinador del Comité de Defensa del Agua, fue tajante: “No existiría minería aurífera en el río Nanay sin la complicidad o negligencia del Estado en todos sus sectores”.

Manuyama recordó que más de 500 mil personas dependen del Nanay para consumo humano y actividades productivas. Pero esta economía ilegal, advirtió, ha logrado corromper autoridades locales y dividir a comunidades enteras: “El sistema inescrupuloso […] termina contagiando a las comunidades que están abandonadas por el Estado. Si las comunidades estuvieran atendidas, no habría ningún ingreso de ninguna actividad ilegal”.

Nación Wampis: resistencia sin respaldo

Desde la provincia de Condorcanqui, el abogado Tsanim Evaristo Wajai Asamat, representante de la Nación Wampis, alertó que la minería ilegal ha tomado control del río Santiago, corrompiendo estructuras comunales y erosionando principios ancestrales de unidad y trabajo colectivo.

“Consideramos que es muy difícil combatir nosotros mismos, sin el apoyo del Estado”, expresó Wajai Asamat. Pese a ello, su comunidad ha comenzado a promover alternativas sostenibles como la piscicultura y la agroindustria del aguaje, aunque estos esfuerzos aún resultan insuficientes frente a una red violenta, organizada y bien financiada.

Impunidad y urgencia

Mientras el crimen organizado consolida su presencia en la Amazonía peruana, las comunidades indígenas denuncian un Estado ausente, incapaz o poco dispuesto a enfrentar el problema. La demanda es clara: frenar la minería ilegal no es solo un deber ambiental, sino una deuda histórica con los pueblos originarios.

Fuente: Expreso

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