Atentado a la prensa

ANP condena retención arbitraria de periodista en exteriores de Divincri en Pucallpa

El periodista Ceymor Rengifo fue retenido mientras cubría un traslado.

Pucallpa.- La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) emitió un enérgico pronunciamiento en defensa de la libertad de prensa tras la denuncia pública realizada por el comunicador Ceymor Rengifo Rengifo, director del medio digital Pucallpa EsChoy Noticias.

El reportero denunció haber sido objeto de una intervención y retención de carácter arbitrario por parte de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región Ucayali.

El incidente ocurrió en los exteriores de la sede de la Divincri Ucayali, ubicada en la provincia de Coronel Portillo. En dicho emplazamiento, el periodista se encontraba realizando la cobertura informativa sobre el traslado de dos ciudadanos detenidos, presuntamente implicados en un delito de homicidio perpetrado en el distrito de Neshuya.

Según el testimonio del afectado, la acción policial interrumpió de manera violenta su labor de transmisión en vivo y reporterismo televisivo.

A través de su Oficina de Derechos Humanos, la ANP advirtió con firmeza que los procedimientos de control de identidad contemplados en la normativa vigente no pueden ser utilizados por las fuerzas del orden como herramientas de hostigamiento, intimidación o represalia contra los trabajadores de prensa que reportan sucesos de flagrante interés público.

El gremio periodístico calificó formalmente el accionar policial como un presunto abuso de autoridad que vulnera el derecho constitucional a la información y el libre ejercicio del periodismo en las regiones del país.

Ante la gravedad de los hechos expuestos, la institución gremial exhortó formalmente a la Inspectoría de la Policía Nacional y al Ministerio Público a iniciar las investigaciones preliminares con la máxima celeridad.

Ello con la finalidad de esclarecer las circunstancias de la retención del director de noticias, identificar plenamente a los efectivos involucrados en el sector de la sede policial y establecer las sanciones administrativas y penales correspondientes para salvaguardar las garantías de los profesionales de la comunicación.