Lideresa indígena denuncia riesgo de impunidad en más de 800 casos sexuales en Amazonas

Amazonas.- Una grave denuncia sobre la situación de la violencia sexual en la Amazonía peruana ha encendido las alarmas en el país.

La lideresa indígena Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, advirtió que más de 800 casos de violencia sexual registrados en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, corren el riesgo de quedar impunes debido a la falta de recursos y personal en el sistema de justicia.

La dirigente explicó que la crisis se origina en la limitada presencia del Estado en zonas amazónicas, lo que afecta directamente la investigación y judicialización de los delitos.

Según detalló, las fiscalías locales enfrentan una sobrecarga de expedientes que dificulta el avance de los procesos.

En algunos casos, un solo fiscal debe atender cientos de denuncias, lo que reduce la capacidad de seguimiento adecuado para cada caso.

Ante esta situación, Pioc señaló que las víctimas —principalmente niñas y adolescentes de comunidades indígenas— se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema.

Muchas de ellas viven en zonas alejadas, donde el acceso a servicios de justicia, salud y apoyo psicológico es limitado o inexistente. Además, factores como la distancia geográfica, las barreras culturales y el idioma complican aún más la presentación de denuncias y el acompañamiento de los procesos judiciales.

La lideresa también advirtió que, sin medidas urgentes, existe un alto riesgo de que estos casos no lleguen a sentencia, lo que perpetuaría la impunidad y agravaría la crisis de violencia en la zona.

Por ello, hizo un llamado directo a las autoridades nacionales para fortalecer las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos.

Entre las principales demandas se encuentra la asignación de mayor presupuesto para el sistema de justicia en la región, así como el fortalecimiento del trabajo del Ministerio Público en Condorcanqui.

Asimismo, pidió la implementación de más fiscalías especializadas en violencia contra mujeres y menores, además de la contratación de psicólogos, médicos legistas e intérpretes que permitan atender adecuadamente a las víctimas.

Organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos también han respaldado el pedido de la dirigente awajún, señalando que la situación en Condorcanqui refleja una crisis estructural de violencia sexual que afecta principalmente a menores de comunidades indígenas.

Para Pioc, la prioridad debe ser garantizar que las víctimas reciban atención integral y que los responsables sean sancionados.

“Las niñas necesitan justicia y protección del Estado”, enfatizó la lideresa, quien reiteró la urgencia de actuar antes de que cientos de casos queden sin castigo.

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