Presunta red en la UGEL
Juzgado ordena prisión preventiva por millonario desvío de fondos en Contamana.
La jueza dictó 18 meses de prisión preventiva y comparecencias restrictivas en una investigación fiscal que revela pagos irregulares, cooperativas ficticias y un perjuicio superior a S/ 9.4 millones en la UGEL Contamana
Foto: Gop.pe
Contamana.- El caso que hoy enfrenta la UGEL Contamana volvió a tomar fuerza luego de que el Juzgado de Paz Letrado en adición al Juzgado de Investigación Preparatoria de Purús, bajo la conducción de la jueza Noemí Ríos Flores encargada del Juzgado de Investigación Preparatoria de Contamana, ordenara 18 meses de prisión preventiva para cuatro de los principales investigados por presunta participación en una red que habría manejado recursos públicos de manera irregular.
La magistrada dispuso que la detención sea efectiva desde el momento de captura y ordenó la inmediata búsqueda de los imputados para su internamiento en el establecimiento penitenciario de Pucallpa, oficiando a la Policía Judicial y a las autoridades del penal para asegurar el cumplimiento de la medida.
En contraste con esta decisión, el mismo órgano jurisdiccional declaró infundado el pedido fiscal de prisión preventiva respecto de otros tres investigados y, en su lugar, dictó comparecencia restrictiva. Estos deberán obedecer estrictas reglas de conducta, acudir a todas las citaciones judiciales y fiscales, firmar cada quince días ante el Ministerio Público, abstenerse de salir de su localidad sin autorización, evitar lugares de dudosa reputación y pagar una caución de diez mil soles en un plazo máximo de siete días, de no hacerlo, la comparecencia podrá ser revocada y sustituida por prisión preventiva.
La investigación fiscal sostiene que un grupo de funcionarios y trabajadores habría ejecutado un esquema sistemático de desvío de fondos, que incluyó pagos sin sustento legal, transferencias a cooperativas ficticias y desembolsos a casas comerciales inexistentes.
El perjuicio económico al Estado según la hipótesis del Ministerio Público, superaría los nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil soles, cifra originada en operaciones carentes de documentación de respaldo y en la alteración deliberada de archivos de descuentos remitidos por cooperativas, lo que habría permitido manipular información desde áreas sensibles como informática y tesorería.
El Ministerio Público también detectó convenios firmados sin autorización del Ministerio de Educación, falsificación de firmas y documentos, y un entramado administrativo que, lejos de responder a procedimientos formales, evidenciaba un funcionamiento paralelo orientado al desvío de recursos.
Aunque en un momento la entonces directora denunció irregularidades durante su propia gestión, la Fiscalía señala que también habría autorizado pagos sin respaldo, lo que la incluye dentro del núcleo de responsabilidad que se investiga. A ello se suma que varios de los involucrados no se presentaron antes de la audiencia, hecho que fue considerado como un indicio de posible obstaculización del proceso.
Con estos elementos, la justicia considera que existen suficientes razones para dictar medidas que aseguren el desarrollo del proceso penal y eviten nuevos actos de entorpecimiento, mientras la investigación continúa esclareciendo lo que, para la Fiscalía, sería una compleja red de corrupción interna con graves efectos en la administración pública y el manejo de fondos destinados al sector educación.
Fuente: Gop.pe
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