Vienen siendo amenazados

Denuncian tala ilegal e invasiones armadas en concesión forestal de Atalaya

Pueblos originarios exigen justicia, retiro de invasores y anulación de concesiones forestales ilegales.

Atalaya.- Las comunidades nativas ubicadas en la provincia de Atalaya, región Ucayali, enfrentan una crisis social y ambiental generada por el aumento de la tala ilegal, los ataques armados y las invasiones en la concesión forestal Santa Fé. En una carta remitida el 6 de septiembre de 2025 al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), los líderes comunales denunciaron la destrucción de bosques, el incendio de viviendas, amenazas a sus dirigentes y desplazamientos forzados que ponen en riesgo su supervivencia.

Los pobladores de Santa Fé, Bobinsana, Manitiari, Kimoshiri y Valle del Sol responsabilizan directamente a la empresa Forest Product Florida S.A.C. por la extracción indiscriminada de madera, principalmente caoba, cedro y shihuahuaco, en territorios que consideran parte de su herencia ancestral. Según el documento, desde mediados de agosto grupos armados asociados a la compañía ingresaron por la fuerza a las comunidades para explotar los recursos naturales, atacando a los habitantes con disparos, machetes y flechas.

La empresa Forest Product Florida S.A.C., dirigida por el excongresista Jaime Velásquez Rodríguez, político vinculado al expresidente Alejandro Toledo, acumula sanciones por infracciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre durante 2022 y 2023. Los comuneros también señalan a Juan Cagna, quien se autodenomina “guardabosques”, como uno de los principales impulsores de las invasiones y partícipe directo de la violencia y el saqueo forestal. Ambos son señalados por las comunidades como responsables de promover el caos en la zona.

Las consecuencias de estos ataques han sido devastadoras: hogares completamente calcinados, pérdida de alimentos, herramientas, animales domésticos y graves afectaciones emocionales a niños y adultos mayores. Víctor Raúl Torres Dipas, presidente del Frente de Defensa de Atalaya, advirtió que el temor se ha extendido a lo largo de toda la cuenca y que la vida de los pueblos indígenas corre serio peligro, así como sus derechos territoriales y culturales.

Ante la gravedad del escenario, las comunidades solicitan la intervención urgente del Ministerio de Agricultura a través del SERFOR y del Ministerio del Interior para retirar a los invasores y cancelar las concesiones forestales otorgadas a Forest Product Florida S.A.C. Asimismo, piden instalar una mesa de diálogo con la participación de organizaciones indígenas como FECONAPA y URPIA.

Como respuesta, los pueblos han fortalecido su organización mediante una red de vigilancia comunitaria que supervisa el ingreso ilegal de maquinaria y transporte maderero. Esta iniciativa, apoyada por líderes y colectivos ambientales, busca registrar cada delito y presentarlo ante las instancias judiciales.

“La Amazonía no es un botín, es nuestro hogar”, declaró Cleofas Quintori Soto, presidenta de URPIA. “Pedimos justicia, respeto y protección para nuestros territorios y nuestras vidas”.

Fuente: Diario Expreso

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