Once días de bloqueo fluvial
Comuneros del Alto Nanay desafían al Estado por inacción frente a la minería ilegal.
Advierten que podrían intervenir por cuenta propia si el Gobierno no actúa contra las dragas que contaminan el río Nanay
Foto: Diario La Región
Loreto.- La tensión en el distrito de Alto Nanay, región Loreto, sigue en aumento mientras se cumplen once días consecutivos de bloqueo fluvial en la capital Santa María. La medida de protesta, encabezada por los pobladores locales, busca llamar la atención del Estado frente al avance de la minería ilegal que devasta el ecosistema del río Nanay, principal fuente de agua para Iquitos y otras comunidades amazónicas.
Ante la creciente presión, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) evalúa anunciar en las próximas horas la fecha de una reunión oficial en la zona de conflicto. Sin embargo, las comunidades han sido claras diciendo que no aceptarán un diálogo sin la presencia del presidente de la República, José Jerí. Exigen que el mandatario acuda personalmente como muestra de compromiso real con la crisis ambiental y social que afecta a Loreto y a otras cuencas amazónicas donde opera la minería ilegal.
Mientras tanto, una comisión de líderes del Alto Nanay se encuentra en Iquitos intentando establecer contacto con representantes del gobierno central y autoridades regionales. Su objetivo es claro, ellos quieren alcanzar acuerdos concretos que frenen la contaminación generada por las dragas ilegales, que siguen operando impunemente en los ríos amazónicos.
El panorama en la zona continúa siendo crítico, así como también el tránsito fluvial permanece totalmente paralizado, sin paso para embarcaciones de transporte público ni de carga comercial. Solo los botes de los comuneros pueden navegar, ya que ellos mantienen el control territorial como parte de sus acciones de resistencia. Además, se ha restringido el ingreso de combustible y de personas extranjeras que no puedan justificar su presencia en el área, para evitar el abastecimiento de los mineros ilegales y reforzar la vigilancia comunitaria.
Las 33 comunidades asentadas en las cuencas del Nanay, Chambira y Pintuyacu han advertido que, si el Estado no interviene de inmediato, se verán obligadas a actuar por cuenta propia para retirar las dragas contaminantes. Esta decisión, advierten, podría desatar enfrentamientos entre civiles.
Los dirigentes comunales e indígenas reiteraron su llamado urgente al Ejecutivo y exigieron medidas efectivas contra la criminalidad ambiental que amenaza su territorio. “No queremos violencia, queremos que el Estado cumpla su deber y proteja nuestras aguas”, señalaron.
Fuente: Diario La Región
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