Opiniones
A estas fiscalas no les entran balas
Por Cesar Ortiz Anderson
El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con fecha 12 de junio de 2025, mediante Resolución 231-2025-JNJ declaró la nulidad de oficio en el Procedimiento Disciplinario Ordinario, seguido contra la administrada Liz Patricia Benavides Vargas por su actuación como Fiscal de la Nación en la remoción de la fiscal suprema provisional Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, retrotrayéndolo hasta antes de la emisión del Informe de Instrucción 063-2024-LITÑ-JNJ emitido por la ex miembro titular Luz Inés Tello de Ñeco.
El acuerdo del Pleno dispuso también, la cancelación de la sanción en el registro correspondiente; la rehabilitación de su título de fiscal suprema titular, para su inmediata reincorporación al Ministerio Público; y oficiar a la Fiscal de la Nación para que reponga a Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de Fiscal de la Nación.-
La Fiscal de la Nación Delia Espinoza se ha negado rotundamente a entregar el cargo y se ha atrincherado en las instalaciones del Ministerio Público, impidiendo el ingreso de la Fiscal Benavides, así como amenazando y denunciando a tirios y troyanos envueltos directa o indirectamente en el caso, inclusive a la propia JNJ
Esta decisión de la JNJ, originó una ardorosa polémica, como consecuencia de la restitución de Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema y fiscal de la Nación, en dicho discurso, ante los acontecimientos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió el 20 de junio el comunicado Nº 006-2025-JNJ, en el que aclara que su resolución N.º 231-2025-JNJ debe ser cumplida, al tratarse de un acto legal y vinculante dentro de sus competencias constitucionales, en lo que tiene razón.
La JNJ reiteró que es un órgano constitucional autónomo del sistema de justicia, con facultades para nombrar, ratificar, destituir o suspender a jueces y fiscales, incluyendo a la titular del Ministerio Público. En ese sentido, afirmó que sus decisiones tienen efecto legal y administrativo inmediato, salvo que sean anuladas por el Poder Judicial, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.
La reposición de la señora Benavides Vargas no equivale a un nuevo nombramiento. La JNJ anuló su destitución por vulneración al debido proceso y, de acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley N.º 27444, restituyó la situación jurídica previa, en la que era fiscal suprema y fiscal de la nación, mismas condiciones que debían restaurarse.
La resolución de reposición tiene plena eficacia mientras no sea suspendida judicialmente.-
La demanda de amparo presentada por la fiscal Espinoza (Exp. N.º 10506-2025) no suspende sus efectos, por lo que la resolución debe ser acatada”.
La Junta tiene toda la atribución en materia de reposición.-
La JNJ señala que la Fiscal Delia Espinoza no tiene competencia para iniciar diligencias preliminares contra sus miembros. “Además, su involucramiento directo en los hechos compromete su imparcialidad y objetividad fiscal”. Destacó que, en un Estado de derecho, los funcionarios públicos deben acatar las decisiones de órganos competentes, pudiendo acudirse a los mecanismos procesales si se cuestiona su validez.
“Permitir que una autoridad seleccione arbitrariamente cuáles decisiones cumplir socava el orden democrático, abre paso al autoritarismo y debilita gravemente la cohesión del sistema republicano”.
Debemos recordar que en la cuestión de fondo, el proceso disciplinario contra Liz Patricia Benavides, prosigue, siendo en dicho escenario jurídico donde se deberá establecer su responsabilidad y sanción, de acreditarse alguna infracción, respetando los principios y derechos constitucionales del debido proceso, la presunción de inocencia, la debida fundamentación de las resoluciones y el derecho de defensa, signos que nos encontramos en un auténtico estado democrático constitucional y de derecho.
Desde la perspectiva fáctica y ética, en las cuestiones de fondo, resulta evidente que la decisión de la Fiscal de la Nación Liz Benavides de remover a la correcta Fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, que tenía a su cargo las investigaciones y el pronunciamiento sobre el caso de su hermana Enma Benavides, Vocal Superior de la Corte del Callao por presuntos vínculos y sobornos de procesados por tráfico ilícito de drogas en procesos a su cargo, está cargada de presunciones de arbitrariedad y ausencia de imparcialidad, máxime cuando resulta cuasi pueril argüir como sustento de la remoción de la Fiscal Revilla, su “baja productividad”.
Antecedentes del conflicto en la Fiscalía.-
En los últimos años, el sistema de justicia peruano —especialmente el Ministerio Público y la Fiscalía— ha sido escenario de un conflicto creciente con el Poder Ejecutivo, sumido en una dinámica de tensiones, denuncias cruzadas y reformas controvertidas.
La Fiscal de la Nación vs. la Junta Nacional de Justicia.-
Desde marzo de 2023, el Congreso ha impulsado reformas que buscaban someter el Ministerio Público al control legislativo, incluyendo proyectos para declarar en emergencia la institución y reorganizarla suspendiendo a sus autoridades por dos años
Frente a ello, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, junto al Poder Judicial, rechazaron enérgicamente tales iniciativas, advirtiendo un “grave retroceso al equilibrio de poderes”
El caso Benavides: ingobernabilidad interna y presión política.- La fiscal Patricia Benavides fue suspendida en diciembre de 2023 por la Junta Nacional de Justicia, lo que desató una crisis interna. En junio de 2025, intentó retomar el cargo por la fuerza, respaldada por grupos pro derecha, lo que provocó una vigilia encabezada por Espinoza y denuncias de atentado contra la institucionalidad .
Este episodio puso en evidencia una lucha de poder dentro del Ministerio Público entre adversarios políticos, fiscales contrarios y estructuras como la Junta.
El Ejecutivo contra la Fiscalía: inconstitucionalidad y reproches.-
En septiembre de 2024, el MP presentó una demanda de inconstitucionalidad contra varios decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo, al considerar que amenazaban su autonomía. El Ejecutivo respondió defendiendo dichos decretos y argumentando que buscaban una mejor coordinación con la Policía.
En paralelo, cuestionó el presupuesto otorgado en 2025, acusándolo de “lesivo” y riesgo para investigaciones esenciales
Además, en marzo de 2025, la Fiscalía ordenó allanamientos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, desatando una fuerte reacción de la presidenta Dina Boluarte, quien acusó al MP de promover un “golpe de Estado blanco”.
-Denuncias constitucionales y judicialización de la política.-
La Fiscalía ha presentado varias denuncias constitucionales contra la presidenta Boluarte y exministros por presunta responsabilidad en represión durante las protestas 2022–2023
A su vez, el Ejecutivo y congresistas vinculados han calificado la actuación fiscal de “judicialización de la política”. Este juego de acusaciones refleja el clima de confrontación entre ambos poderes.
Contexto más amplio: casos emblemáticos y tensiones sistémicas.-
A lo largo de 2024–2025, el MP procesó a expresidentes como Ollanta Humala (condenado en abril 2025 por lavado de activos) y Alejandro Toledo (condenado en 2024 por colusión) . También lidera el juicio contra Pedro Castillo por el intento de autogolpe en diciembre de 2022. Estos eventos han reforzado su rol anticorrupción, pero al mismo tiempo han tensado su vínculo con el Ejecutivo y sectores legislativos.
El sistema de justicia peruano atraviesa una crisis múltiple: interna (pujas entre fiscales y la JNJ), institucional (reformas legislativas y presiones) y política (acusaciones cruzadas con el Ejecutivo). La estabilidad democrática del país está en juego: se requiere un reequilibrio entre autonomía institucional y colaboración responsable entre poderes del Estado. El próximo desafío será cómo construir puentes, reforzar la independencia judicial, y evitar que las investigaciones se vean condicionadas por intereses de gobierno o partidarios.
Reforma integral del sistema de justicia.-
Estos bochornosos escándalos en el Ministerio Público, que evidencian un grave deterioro moral estructural en la cúpula y demás órganos fiscales dependientes, generan la urgente necesidad de una reorganización inmediata y cambios profundos en esa institución que tiene en sus manos la salud ética y moral del país.
Finalmente, ante esta situación de enfrentamiento institucional por el poder, y ante el deterioro de la Seguridad Ciudadana, la reforma del Ministerio Público no será suficiente para poner fin a este problema, hará falta una reforma integral en todas las instituciones públicas encargadas de la administración de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y el INPE.
César ORTIZ ANDERSON
Presidente de APROSEC
Cel.:999316197 / 998160756
Fan Page: Aprosec-PERU
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