Opiniones
Pataz: la ausencia del Estado y la inacción del Gobierno
Por Cesar Ortiz Anderson
La reciente matanza de trece trabajadores mineros de la empresa R&R, contratista de la minera Poderosa, en un socavón en Pataz, donde las víctimas fueron secuestradas, torturadas y ejecutadas por presuntos sicarios y mineros ilegales, marca un punto de quiebre. La provincia de Pataz, ubicada en el departamento de La Libertad, es escenario de una creciente ola de violencia vinculada a la minería ilegal y al accionar de organizaciones criminales. Este fenómeno refleja una preocupante ausencia del Estado en la región, permitiendo que actores ilegales ejerzan control sobre territorios y comunidades, lo que es responsabilidad del actual Gobierno.
Pataz: territorio en disputa
Desde 2019, Pataz se ha convertido en un epicentro de conflictos debido al auge de la minería ilegal. El incremento en los precios del oro tras la pandemia atrajo a organizaciones criminales como Los Pulpos y el Tren de Aragua, que establecieron alianzas con mineros ilegales para controlar la extracción y comercialización del mineral. Estos grupos han perpetrado actos violentos, incluyendo asesinatos y atentados contra infraestructuras mineras, como el ataque a la Compañía Minera La Poderosa en diciembre de 2023, que dejó 10 muertos y 30 heridos. A pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de fuerzas del orden, la violencia persiste.
La situación en Pataz guarda similitudes con las “zonas liberadas” durante el conflicto armado interno en Perú en las décadas de 1980 y 1990. Grupos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) lograron establecer control en diversas regiones, reemplazando la autoridad estatal por estructuras paralelas.
La inacción del Gobierno
La grave crisis de violencia que sacude a la provincia de Pataz y a varias regiones del país ha puesto en evidencia una de las principales falencias del gobierno de la presidenta Dina Boluarte: la incapacidad para ejercer control sobre el territorio nacional y frenar el avance del crimen organizado. En lugar de consolidar una estrategia de seguridad efectiva, el Ejecutivo ha optado por una errática política de cambios constantes en el Ministerio del Interior, debilitando la continuidad de las acciones policiales y la confianza institucional.
Desde el inicio de su gestión en diciembre de 2022, la presidenta Boluarte ha cambiado al ministro del Interior más de seis veces, revelando no solo improvisación, sino también una falta de liderazgo en la lucha contra la delincuencia. Mientras tanto, las mafias vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico y las extorsiones continúan sembrando el terror en regiones como Pataz, donde la presencia del Estado es prácticamente nula.
La situación en Pataz no solo representa una crisis de seguridad, sino también una amenaza para el desarrollo y la estabilidad del país. La minería ilegal y el crimen organizado generan economías paralelas que socavan el estado de derecho y perpetúan la violencia.
César ORTIZ ANDERSON
Presidente de APROSEC
Cel.:999316197 / 998160756
Fan Page: Aprosec-PERU
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