Opiniones
Nuevamente la Ley de la Selva se impone en el Perú
Total control territorial de las organizaciones criminales.
Por Cesar Ortiz Anderson
La inseguridads ciudadana sigue en incremento y el actual gobierno no ha podido controlar este fenómeno social. En un nivel superior en la escalada de violencia que azota el Perú, Aprosec ha recibido información de que al igual que en el hermano país de El Salvador, en el Perú las organizaciones criminales están empezando a extorsionar y cobrar cupos casa por casa, puerta por puerta en calles y barrios del distrito de San Martín de Porres.
La extorsión a viviendas y vecinos de barrios y distritos de una ciudad representa un nivel avanzado de desintegración de la presencia del Estado en determinada jurisdicción política. Quiere decir que esa zona ha sido abandonada por el Estado y sus autoridades, provinciales, distritales, policía, etcétera. Sucedió tal cual está sucediendo en el Perú en El Salvador, donde el gobierno del presidente NayibBukele se vio forzada a adoptar medidas radicales y una dimensión internacional al problema.
En el Perú anteriormente hemos visto estos casos de abandono de una provincia, distrito o localidad por parte de las autoridades del Estado en la época del terrorismo, cuando el MRTA o Sendero Luminoso controlaban distritos o comunidades imponiendo su ley.
Los casos de la Mara Salvatrucha en El Salvador y los grupos subversivos Sendero Luminoso y MRTA en Perú son importantes para entender lo que está empezando a suceder en el Perú con las extorsiones, aunque sus naturalezas —criminal y terrorista, respectivamente— son distintas, ambos fenómenos muestran patrones comparables de colapso del orden estatal y establecimiento de nuevas formas de autoridad ilegítima.
El escenario político en El Salvador: el dominio de la MS-13
Desde finales de los años 90 y, sobre todo, durante los 2000, El Salvador ha enfrentado la consolidación de territorios controlados por pandillas. La MS-13 y su rival, el Barrio 18, lograron ejercer control social, político y económico en barrios enteros de San Salvador y otras ciudades.
Características del reemplazo estatal:
El Estado salvadoreño, debilitado por la corrupción, la violencia posguerra y la falta de presencia efectiva en barrios marginales, permitió este fenómeno. Aun así, en los últimos años, el presidente Nayib Bukeleimplementó el "Régimen de Excepción", capturando a más de 75,000 presuntos pandilleros, en un esfuerzo por recuperar los territorios perdidos al crimen organizado.
El escenario político en Perú: Cuando Sendero Luminoso y el MRTA reemplazaron al Estado
En el Perú de los años 80 y 90, Sendero Luminoso y, en menor medida, el MRTA, reemplazaron al Estado en vastas zonas rurales, principalmente en la sierra sur y la selva central.
Características del reemplazo estatal:
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Sendero Luminoso logró controlar temporalmente hasta el 60% del territorio nacional durante su apogeo, especialmente en regiones como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. A diferencia de El Salvador, donde las pandillas surgieron tras un conflicto armado civil, en Perú los subversivos iniciaron el conflicto, buscando la destrucción del Estado democrático para instaurar un régimen maoísta o marxista-leninista.
Tanto en El Salvador como en Perú, la incapacidad del Estado para garantizar seguridad, justicia y servicios básicos permitió la ocupación de su lugar por organizaciones ilegales.
Hoy, El Salvador enfrenta el desafío de reconstruir las libertades individuales después de la represión contra las pandillas, mientras que en Perú este fenómeno social empieza a extenderse en las principales ciudades como Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, etc.
La lección principal es clara: donde el Estado no llega, otros toman su lugar, ya sea con el rostro del crimen organizado o el del terrorismo.
La corrupción del actual Gobierno como factor del incremento de la criminalidad.-
El fracaso del actual Gobierno en Seguridad Ciudadana y el avance de la violencia criminal tienen origen en los vínculos del actual régimen con la corrupción. La corrupción en el Gobierno abre las puertas al avance del crimen organizado en el país. Cuando funcionarios públicos —desde policías hasta altos mandos políticos— aceptan sobornos, encubren actividades ilícitas o manipulan leyes para beneficio de mafias, debilitan las instituciones estatales y erosionan el Estado de derecho. Lo estamos viendo en los casos en los que este Gobierno protege y encubre a personajes perseguidos por la justicia; involucrando en este fin al Congreso y otras instituciones.
Un gobierno corrupto facilita que el crimen organizado penetre estructuras oficiales, logre impunidad ante delitos graves, y expanda su influencia en sectores económicos, sociales y políticos. A cambio de sobornos o favores, redes criminales obtienen protección, contratos públicos, acceso a información sensible y hasta poder político directo. Lo estamos viendo no sólo en el caso de los prófugos Vladimir Cerrón y Nicanor Boluarte, sino también en otros casos como Qali Warma, proxenetismo en el Congreso, etc., etc.
Este círculo vicioso genera un Estado capturado donde los intereses criminales sustituyen los intereses ciudadanos, promoviendo más violencia, inseguridad y desigualdad. A largo plazo, la corrupción convierte al gobierno en un cómplice de las mafias, afectando la confianza pública y poniendo en riesgo la estabilidad democrática.
Finalmente, debemos subrayar que la falta de respeto al principio de autoridad en donde crece el crimen sembrando el caos y la anarquía, en el caso del Perú, tiene origen en lo más alto de la cadena de mando donde el actual régimen, iniciado por Pedro Castillo y continuado por Dina Boluarte, continúa desprestigiando la investidura presidencial.
César ORTIZ ANDERSON
Presidente de APROSEC
Cel.:999316197 / 998160756
Fan Page: Aprosec-PERU
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