Estado bajo cuestionamiento regional
Frente de Defensa por Ucayali acusa colapso del Estado en seguridad
Denuncian corrupción policial, crimen organizado y silencio del Estado.
Pucallpa.- La región Ucayali atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de los últimos años, situación que ha llevado al Frente de Defensa de la Región Ucayali a declarar un estado de emergencia social y política.
A través de un pronunciamiento contundente, la organización acusó directamente al Estado peruano y a la actual conducción de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región de haber perdido el control institucional, permitiendo la infiltración del crimen organizado y la corrupción en la entidad encargada de proteger a la ciudadanía.
Según el Frente de Defensa, los hechos registrados en Ucayali ya no pueden considerarse aislados ni administrativos, sino que constituyen una amenaza directa a la vida, la gobernabilidad y la economía regional.
Entre las denuncias más graves se mencionan policías presos, armas de guerra robadas de comisarías, oficiales sentenciados por homicidio en condición de fuga, comisarios investigados por extorsión, y efectivos presuntamente vinculados al narcotráfico.
A ello se suma el cuestionamiento a la Inspectoría policial, que —según la acusación— habría funcionado como un mecanismo de encubrimiento, en lugar de fiscalización.
El documento advierte que la inseguridad ciudadana ha dejado de ser solo un problema de orden público para convertirse en un factor de descomposición social.
El avance del sicariato, las economías ilegales y la criminalidad organizada mantiene a la población bajo un miedo permanente, generando el retiro de inversiones, la paralización del comercio y el debilitamiento del tejido social.
En este contexto, la violencia no solo cobra vidas, sino que asfixia el desarrollo económico y empuja a la región hacia la informalidad y la violencia estructural.
El Frente de Defensa de la Región Ucayali alertó que, de mantenerse esta situación, la región corre el riesgo de convertirse en un territorio funcional al crimen organizado, exponiendo al Perú ante la comunidad internacional como un Estado incapaz de garantizar seguridad y legalidad en una zona estratégica de la Amazonía peruana.
Asimismo, la organización cuestionó el silencio del Ministerio del Interior, señalando que la falta de respuesta no es neutral, sino una forma de corresponsabilidad política frente al deterioro de la seguridad.
En ese sentido, Ucayali —afirman— no exige favores ni discursos, sino decisiones inmediatas y firmes.
Entre las principales demandas se encuentra una renovación total del mando policial regional, así como una intervención profunda del Estado que permita restablecer la autoridad, la disciplina interna y la confianza ciudadana en la Policía Nacional.
El mensaje es claro: si no se actúa de manera urgente, la historia registrará que el Estado fue advertido y optó por mirar hacia otro lado, mientras la criminalidad avanzaba en Ucayali.
Fuente: Roberto Alvan
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