Resistencia frente a minería ilegal
Minería ilegal siembra miedo y violencia en Jaén y San Ignacio mientras el Estado guarda silencio
Ronderos fueron emboscados por sujetos armados durante una protesta pacífica
Jaen/San Ignacio.- Una emboscada violenta ocurrida el pasado 25 de abril en la región Cajamarca marcó un nuevo y alarmante capítulo en la expansión de la minería ilegal en el norte del Perú. Cerca de Huaquillo, en la provincia de San Ignacio, un grupo de ronderos que se dirigía a una movilización pacífica fue interceptado por hombres armados, encapuchados y violentos. Los atacantes dispararon al aire, lanzaron piedras y profirieron amenazas de muerte, obligando a los manifestantes a levantar las manos y ondear pañuelos blancos para evitar una tragedia.
Un territorio en disputa: violencia, minería ilegal y abandono
Jaén y San Ignacio, tradicionalmente agrícolas, hoy enfrentan una amenaza estructural: el crecimiento acelerado de la minería ilegal, impulsado por intereses económicos con capacidad de movilizar recursos, armar milicias informales y operar en la sombra del Estado. Esta expansión —sostenida por la impunidad y el abandono institucional— ha traído consigo no solo contaminación de ríos y suelos, sino también violencia organizada, amenazas a líderes comunales y el deterioro del tejido social.
Protestas masivas, promesas estancadas
El rechazo ciudadano no se ha hecho esperar. El pasado 5 de marzo, en una jornada histórica, más de seis mil personas marcharon en Jaén y San Ignacio exigiendo el respeto a sus territorios. Rondas campesinas, instituciones educativas, autoridades locales y organizaciones sociales participaron en la movilización por el Día de la Ecología. Fruto de esa presión, se firmaron compromisos clave: la creación de una fiscalía ambiental en San Ignacio, la delimitación de las fajas marginales del río Chinchipe y el fortalecimiento de mecanismos de vigilancia.
Sin embargo, dos meses después, las promesas siguen sin concretarse. La fiscalía ambiental aún no se instala y la delimitación de zonas protegidas enfrenta obstáculos técnicos y presupuestales. La Autoridad Local del Agua (ALA) ha admitido no contar con personal ni fondos suficientes, mientras el Gobierno Regional de Cajamarca no ha asumido su rol con decisión.
La vida, no negociable
La minería ilegal no solo representa un delito ambiental. Va de la mano con redes de trata de personas, evasión fiscal, corrupción, y sicariato. Es una amenaza directa al Estado de derecho. Frente a ello, las comunidades de Jaén y San Ignacio ofrecen una lección de dignidad: organizadas, pacíficas, con claridad en sus demandas. Quieren proteger su modo de vida, sus tierras, y el futuro de sus hijos.
“Esto es una causa de justicia y de vida”, afirma Mons. Vizcarra. “Como Iglesia, no podemos quedarnos de brazos cruzados.”
La emboscada del 25 de abril no puede quedar como un episodio más. Es una alarma que exige respuestas concretas y urgentes. El Estado no puede seguir postergando su deber de proteger a quienes hoy están siendo atacados por defender el derecho más básico: vivir en paz en su propio territorio.
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