Serias deficiencias de seguridad
Falta de control interno en penal de Puerto Maldonado, advierte Contraloría
Un informe de la Contraloría General de la República advierte cámaras inoperativas, deficiente vigilancia perimetral, falta de equipos de control y personal sin rotación por más de una década en el penal de Puerto Maldonado, situación que compromete seriamente la seguridad interna y externa del establecimiento penitenciario
La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves y persistentes deficiencias en el sistema de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Puerto Maldonado, tras una visita de control realizada entre el 15 y 17 de diciembre, cuyos resultados fueron dados a conocer mediante un informe publicado el 23 de diciembre. Las observaciones evidencian una situación crítica que pone en riesgo el control interno del penal y la seguridad ciudadana en general, pese a las constantes intervenciones y requisas anunciadas por el Ejecutivo.
De acuerdo con el informe, más de diez cámaras de videovigilancia se encuentran inoperativas, mientras que las grabaciones de las cámaras que sí funcionan solo se almacenan por 13 días, incumpliendo la normativa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que establece un período mínimo de 60 días de resguardo. Esta limitación reduce significativamente la capacidad de supervisión, investigación y seguimiento ante posibles hechos irregulares o delictivos.
La Contraloría constató además que el 72 % de las cámaras pertenecientes al sistema del INPE no permite visualizar imágenes debido a problemas de conectividad, lo que deja amplias zonas del penal sin monitoreo permanente. En tanto, un sistema de vigilancia privado presenta también serias deficiencias, ya que el 35.7 % de sus cámaras se encuentra fuera de funcionamiento. Como consecuencia, solo uno de los patios del penal cuenta con monitoreo activo, mientras que otros espacios comunes y puntos estratégicos, como las áreas donde se ubican teléfonos públicos, permanecen sin vigilancia efectiva.
El informe también advierte la existencia de “puntos ciegos” en la seguridad externa del establecimiento penitenciario. Cámaras bloqueadas por estructuras físicas y la ausencia de dispositivos de vigilancia en zonas colindantes a vías públicas impiden un control adecuado de los accesos, salidas y movimientos sospechosos en el perímetro. A esta situación se suma que los faros de iluminación de las torres de vigilancia se encuentran inoperativos, reduciendo la visibilidad durante la noche, y que una de las seis torres no cuenta con personal asignado, debilitando aún más la vigilancia perimetral.
En cuanto al control de los internos, la Contraloría evidenció deficiencias en el sistema de registro, ya que el aplicativo SIP POPE no realiza la validación automática de identidad de los reclusos con la base de datos biométrica del Reniec. Esta falencia, según el órgano de control, afecta la confiabilidad del proceso de identificación de las personas privadas de la libertad y abre la posibilidad a errores o suplantaciones.
Asimismo, el penal no dispone de equipamiento tecnológico adecuado para la revisión de visitantes, paquetes y materiales que ingresan a los talleres productivos. La ausencia de escáneres corporales, detectores de metales y sistemas de rayos X limita seriamente los controles internos, incrementando el riesgo de ingreso de objetos prohibidos. A ello se suma que el personal de vigilancia perimetral carece de radios de comunicación, lo que dificulta la coordinación y la alerta oportuna ante situaciones irregulares o emergencias.
Otro aspecto preocupante señalado en el informe es la falta de rotación del personal penitenciario. La Contraloría identificó que 27 de los 123 servidores que laboran en las áreas de Seguridad y Tratamiento permanecen hasta 12 años en las mismas funciones, pese a que la normativa vigente establece una rotación obligatoria cada dos años, precisamente para evitar vínculos de familiaridad o posibles actos de corrupción con los internos.
Ante este panorama, la Contraloría dispuso que el titular de la entidad responsable informe, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las acciones correctivas y preventivas que se adoptarán para subsanar las situaciones adversas detectadas. Estas observaciones se producen en un contexto en el que el Gobierno ha anunciado una próxima reestructuración del INPE, como parte de las medidas para enfrentar la criminalidad y reforzar la seguridad en los penales del país
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