Justicia para menores víctimas
Dictan pena máxima en Ucayali contra tratante que captaba menores mediante engaños laborales
El sujeto captaba a sus víctimas en comunidades nativas de Atalaya bajo falsas promesas laborales para luego someterlas a trata y explotación sexual.

Foto: Andina
Ucayali.- La lucha contra las mafias de explotación humana ha sumado una victoria clave en la selva peruana. Tras una sólida investigación de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR), el Poder Judicial dictó 35 años de prisión efectiva contra Abraham Román, hallado culpable de someter a dos hermanos de 15 y 9 años de edad en condiciones de explotación laboral.
La historia delictiva de Román comenzó en la comunidad nativa de Garzacocha, en Atalaya. Según el expediente fiscal, el ahora sentenciado aprovechaba su estancia en la zona para ganar la confianza de familias vulnerables. Bajo el manto de falsas promesas de empleo y una vida mejor, logró captar a los dos menores para trasladarlos hacia un hospedaje en el distrito de Raymondi. Sin embargo, detrás del ofrecimiento de trabajo solo se esconde el oscuro propósito de la trata de personas.
El rastro de abusos de Román no terminó ahí. Durante el proceso, el Ministerio Público logró acreditar que el sujeto también intentó captar a una adolescente de 13 años. A diferencia del caso de los hermanos, la fiscalía demostró que las intenciones del sentenciado con la menor eran de índole sexual, conducta que fue castigada bajo la figura de captación en grado de tentativa.
Además de la drástica pena de cárcel que lo mantendrá tras las rejas por más de tres décadas, el tribunal le impuso el pago de una reparación civil de 15,000 soles, los cuales deberán ser entregados a los agraviados para mitigar parte del daño causado por este trauma.
Tras conocerse el veredicto, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, ratificó el compromiso del Ministerio Público en la persecución de estas redes criminales. El magistrado fue enfático al señalar que no habrá tregua para quienes atenten contra la libertad y la integridad de los ciudadanos, especialmente cuando las víctimas son menores de edad en situación de vulnerabilidad.
Fuente: Andina
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