Proceso judicial en curso

Funcionarias de la UGEL Atalaya afrontan juicio por presuntos abusos y desobediencia administrativa

Una docente denunció haber sido retirada sin justificación y pese a una orden de reincorporación, la entidad no cumplió con acatarla.

Directora de la UGEL: Maribel Agapito Guevara

La docente Ysela González Perdomo presentó una denuncia tras haber sido separada de manera arbitraria de su plaza laboral en la UGEL Atalaya. De acuerdo con la documentación remitida, la maestra apeló ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) en Lima, organismo que falló a su favor y ordenó su reincorporación inmediata. Sin embargo, la entidad no habría acatado la disposición, situación que especialistas califican como un grave acto de desacato funcional.

En el proceso también figuran Maribel Agapito Guevara, directora de la UGEL, acusada de condicionar de forma irregular la entrega de bienes y servicios, y Gloria Ramos Arimuya, jefa de Personal, quien enfrenta cuestionamientos por presuntamente haber presentado un título profesional falso ante la misma institución educativa.

El Ministerio Público ha formalizado acusación penal contra ambas funcionarias, solicitando dos años de pena privativa de libertad y sanciones administrativas adicionales, por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos públicos. El caso ya fue admitido a proceso y elevado a juicio oral, donde se determinarán las responsabilidades legales de cada una.

Este nuevo episodio vuelve a colocar bajo supervisión la gestión de la UGEL Atalaya, una entidad donde, según diversas fuentes del sector educativo, persisten denuncias por favoritismos, presiones laborales y falta de transparencia en los procedimientos administrativos. Tales prácticas estarían afectando los derechos de los docentes y el normal funcionamiento del sistema educativo en la provincia.

El caso ha generado preocupación entre la comunidad educativa, que pide que el proceso judicial se desarrolle con justicia, transparencia y rapidez, recordando que las instituciones del Estado deben actuar con ética pública, imparcialidad y respeto a la ley.

Fuente:Diario ÍMPETU


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