Escándalo político en Ucayali
Francis Paredes acusada de cobrar S/45 mil por jefatura INPE
Amenazas de muerte agravan denuncia contra legisladora de Podemos Perú.
Pucallpa.- Un testigo protegido brindó ante la Fiscalía en Ucayali detalles sobre un presunto caso de corrupción y tráfico de influencias que involucra a la congresista Francis Jhasmina Paredes Castro, integrante de la bancada Podemos Perú y representante de la región Ucayali para el periodo 2021–2026.
Según la denuncia difundida por el programa Panorama, la legisladora habría gestionado la entrega de una jefatura en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en Pucallpa a cambio del pago de S/ 45 000.
El dinero habría sido entregado por un empresario identificado como Rodolfo Bardales Piña con el objetivo de asegurar la designación de Edgar Vilcapaza Arias, trabajador del INPE.
El acuerdo contemplaba tres depósitos de S/ 15 000 cada uno, realizados a la cuenta bancaria de Maura Porras Huamán, amiga cercana de la congresista y conocida como “La Reinita”.
Una vez transferidas las sumas, el efectivo fue retirado y entregado a Javier Antonio Barbarán Pérez, alias “Pelacho”, colaborador de Paredes, quien incluso habría facilitado una camioneta para el traslado del dinero.
Sin embargo, el nombramiento nunca se concretó. Esto provocó que Maura Porras comenzara a recibir constantes visitas y amenazas de Bardales Piña y Vilcapaza, quienes exigían la devolución del dinero.
De acuerdo con el testimonio, acudieron a su vivienda al menos en quince ocasiones, advirtiendo que si no entregaba el dinero “a ambas las mandarían a los penaleros”.
Incluso se habría fijado un plazo específico, el 20 de septiembre de 2022, para devolver la totalidad del monto, acompañado de amenazas de muerte.
Ante esta situación, Porras decidió acudir a la Fiscalía, entregando pruebas como estados de cuenta bancarios, capturas de conversaciones y su testimonio directo, describiendo un esquema de presunta venta de cargos públicos desde el entorno de la congresista.
Por su parte, Francis Paredes se limitó a señalar que dará su versión cuando “conozca la verdad de los hechos” y sostuvo que el origen del caso respondería a un “préstamo y obligación de pago entre terceros”, asegurando no haber participado ni tener conocimiento de la transacción.
El caso, actualmente en manos del Ministerio Público, plantea serias implicancias éticas y legales, pues evidencia la presunta utilización de influencias políticas para la obtención de cargos públicos a cambio de sumas de dinero.
La gravedad aumenta por la combinación de incumplimiento del supuesto acuerdo y las amenazas de muerte, que configuran un escenario de presunta coacción e intimidación.
Este episodio se suma a la lista de cuestionamientos que afectan la imagen del Congreso y la confianza ciudadana en sus representantes.
De confirmarse las denuncias, Paredes podría enfrentar cargos por corrupción, tráfico de influencias y otros delitos conexos.
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