Justicia para amazonia peruana
Contaminación y violencia: comunidades exigen emergencia ambiental en Amazonía
Señalan corrupción estatal y efectos devastadores sobre salud y bosques.
Pucallpa.- Un total de 33 comunidades indígenas y campesinas de la cuenca del río Nanay, en Loreto, han presentado una denuncia formal contra el Estado peruano ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), acusándolo de incumplir sus obligaciones ambientales al no controlar la expansión de la minería ilegal en sus territorios.
La denuncia señala el incumplimiento de la Decisión 477, norma supranacional que obliga a los Estados miembros a prevenir, controlar y sancionar la minería ilegal. Según las comunidades, el Estado ha facilitado su avance con políticas como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que ha terminado beneficiando a operadores ilegales y promoviendo el ingreso de mafias vinculadas al crimen organizado.
Uno de los casos más críticos se registra en el río Nanay, principal fuente de agua potable para más de 500 mil habitantes de Iquitos, actualmente contaminado con mercurio.
Un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) reveló que el 79 % de los pobladores analizados presentan niveles de mercurio en el cabello por encima de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que evidencia una grave crisis sanitaria.
El daño no se limita a la salud. La minería ilegal ha generado una alarmante deforestación, contaminación de suelos y erosión de ríos.
Entre 2021 y 2022, se calcula que más del 91 % de la pérdida de bosques en la Amazonía peruana fue consecuencia directa de esta actividad.
Tan solo en Madre de Dios, se estima que se han perdido más de 18 mil hectáreas de selva por dragas y maquinaria pesada.
Las comunidades también han denunciado amenazas, extorsiones y violencia, señalando la complicidad de algunas autoridades locales con las mafias mineras.
Datos de organizaciones como ProPurús y AIDESEP alertan sobre 226 defensores indígenas en riesgo, con 11 asesinatos confirmados entre 2019 y 2024 solo en Ucayali.
El presidente de Conaccunay, Jhonny Esau Huaymacuri Yuyarima, y el abogado ambientalista César Ipenza, han exigido que se declare emergencia ambiental, se asignen presupuestos para protección comunitaria y se cierren los accesos a dragas. Asimismo, piden el cierre del REINFO, la suspensión de nuevas concesiones en territorios indígenas sin consulta previa y la destitución de funcionarios coludidos con las mafias.
La Defensoría del Pueblo, a través de su representante Lissette Vásquez, ha exhortado al Poder Ejecutivo, Congreso, Ministerio Público, Policía Nacional y gobiernos regionales a tomar acciones inmediatas.
Además, pidió revisar y aplicar con urgencia el Plan Restauración, aprobado en 2021, como respuesta integral al daño causado por la minería ilegal.
Las comunidades amazónicas esperan que esta denuncia ante la CAN sirva como presión internacional para forzar al Estado peruano a actuar, ya que la inacción está poniendo en riesgo la vida, la salud, los territorios ancestrales y el futuro ambiental de la Amazonía.
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