Estado peruano incumple sentencia internacional por contaminación en La Oroya

Junín.- En marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia histórica que responsabilizó al Estado peruano por los graves daños ambientales y a la salud ocasionados por el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en Junín. Sin embargo, a más de un año del fallo, las medidas ordenadas —como la remediación ambiental, el monitoreo sanitario, la atención integral de salud y las reparaciones a las víctimas— siguen sin ser implementadas.

“Hasta ahora, el Estado solo publicó la sentencia en un diario”, denuncia Liliana Carhuaz, activista y afectada directa por la contaminación. “La salud, la investigación, el apoyo real... nada de eso ha llegado”, reclama con indignación.

Testimonios de resistencia

Las voces de los sobrevivientes revelan la profundidad del abandono estatal. Uno de los rostros más conocidos es Pablo Fabián, cuya imagen recorrió el mundo cuando La Oroya fue calificada como la segunda ciudad más contaminada del planeta, después de Chernóbil.

“Durante este año no ha pasado nada. Ha sido un saludo a la bandera”, afirma Fabián, quien al igual que Carhuaz, fue amenazado por denunciar la situación. “Nos dijeron que por nuestra culpa cerraron la empresa… solo queríamos que cumplieran con los estándares ambientales”, recuerda.

Yolanda Zurita, otra víctima, vivió dentro del campamento minero. Durante su juventud sufrió convulsiones inexplicables y años después comprendió que todo estaba relacionado con la exposición al plomo y dióxido de azufre.

Historias de enfermedad y olvido

Alejandro Lirio trabajó más de 25 años en el complejo. Hoy padece fibrosis pulmonar por inhalar polvos metálicos. “A veces no puedo respirar, tengo que irme a climas cálidos para sobrevivir”, cuenta con tristeza. Muchos de sus compañeros ya han fallecido por males similares.

El Estado aún no responde

Según Christian Huaylinos, abogado de Aprodeh, el incumplimiento se debe al desinterés político. “Ni siquiera se ha emitido una resolución oficial que distribuya responsabilidades entre las instituciones del Estado”, advierte.

Intentos por contactar a la Procuraduría General del Estado fueron infructuosos.

La contaminación persiste

Peor aún, el problema se ha reactivado. En marzo de 2024, el complejo metalúrgico reinició operaciones y desde entonces se han registrado nuevos picos de contaminación. “Acudimos al OEFA y al Ministerio del Ambiente, pero no hay sanción a la nueva administración”, explica Huaylinos.

Una lucha que no se detiene

Pese a las adversidades, las víctimas no pierden la esperanza. “No lo hago por mí, lo hago por las generaciones futuras”, dice Yolanda Zurita, una de las mujeres que lleva décadas liderando la causa.

“Le pido al Estado: implementen programas de salud, fiscalicen a las empresas. Protejan a sus ciudadanos”, clama Liliana Carhuaz.

Alejandro Lirio coincide: “Al menos den atención médica a los que quedamos. Las empresas no pueden venir solo a lucrar. Necesitamos un cambio real”.

 Fuente: Actualidad Ambiental