Aumento de la violencia
Defensores indígenas en Ucayali enfrentan creciente amenaza por avance extractivista y crimen organizado
Más de 100 comunidades estarían en riesgo
Ucayali.- Se ha convertido en un foco crítico para los defensores indígenas frente a una nueva ola de extractivismo desregulado, la expansión de carreteras ilegales, y el fortalecimiento de redes criminales transfronterizas. Así lo revela el informe Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024, elaborado por la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y ProPurús, en alianza con el Grupo de Investigación sobre Estado y Sociedad (GIES) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
La investigación documenta un panorama de alta conflictividad territorial, en el que más de 100 comunidades indígenas son afectadas por la superposición de derechos de uso de tierras, el avance del narcotráfico, y proyectos de infraestructura sin planificación. Esta situación, subraya el informe, pone en riesgo la vida, el bienestar y la seguridad de quienes defienden el territorio amazónico, mientras sigue siendo subestimada por el Estado y la opinión pública.
Entre las tendencias alarmantes identificadas en el estudio destacan la exclusión sistemática de las comunidades indígenas en la toma de decisiones, el debilitamiento de las instituciones públicas, y la intensificación de la presión extractiva sobre los ecosistemas. El informe señala que muchas de las nuevas carreteras son trazadas sin criterios técnicos, generando impactos ambientales irreversibles y aumentando la fragmentación territorial.
Asimismo, se advierte sobre la consolidación de redes criminales vinculadas al narcotráfico en zonas donde la presencia estatal es prácticamente nula. Estos grupos se benefician de la corrupción, el oportunismo político —especialmente en contextos electorales— y la desinformación local. En respuesta, han surgido nuevas formas de organización comunitaria, como las guardias territoriales indígenas, que buscan proteger los territorios pese a enfrentar constantes amenazas.
El informe concluye con recomendaciones clave: es urgente pasar de la norma a la acción concreta, reforzar los mecanismos de protección para líderes indígenas, y garantizar recursos adecuados para entidades como la Policía Nacional y el Ministerio Público. También propone el acompañamiento institucional a las formas de autodefensa indígena, integrándolas en un enfoque de desarrollo territorial sostenible.
La participación activa de organizaciones indígenas como ORAU y ProPurús ha sido esencial para combinar el conocimiento técnico, legal y territorial en esta investigación. Gracias a la colaboración directa con líderes, federaciones y comunidades amazónicas, se logró visibilizar una realidad que —según advierten los autores— podría estarse replicando en otras regiones de la Amazonía peruana.
Fuente: SPDA
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