Escándalo Ambiental

Inician acciones legales contra presidente del Ingemmet por concesión minera en el Río Nanay

Henry Luna Córdova, presidente del Ingemmet, enfrenta diligencias legales tras la denuncia del exfiscal ambiental de Loreto, Alberto Caraza.

Loreto.- Alberto Caraza, exfiscal ambiental de Loreto, ha presentado una denuncia contra Henry Luna Córdova, presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), acusándolo de presuntamente conceder una concesión minera que se superpone a lo largo de la cuenca alta del río Nanay, en la provincia de Maynas, región de Loreto.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima ha iniciado diligencias preliminares en respuesta a esta denuncia, la cual señala que la concesión minera fue otorgada sin considerar las normativas que prohíben la actividad minera en los ríos. Además, Caraza afirma que la exploración minera en el río Nanay amenaza la vida y la salud de la población de Iquitos.

Alberto Caraza también ha presentado una demanda de amparo en el Juzgado Civil de Maynas contra el Ingemmet y la empresa a cargo de la concesión minera en el río Nanay, con el objetivo de anular dicho otorgamiento. Paralelamente, ha presentado una denuncia administrativa ante la Contraloría General de la República, acusando a Henry Luna Córdova de presuntamente inobservar la normativa relacionada con la protección del río Nanay.

(Fotografía: Andina)

Caraza subraya que esta serie de acciones legales busca no solo detener la concesión en cuestión, sino también sentar un precedente para evitar futuras irregularidades en la concesión de derechos mineros en el río Nanay. Dado que existen más solicitudes de concesiones mineras en esta área, la intención es prevenir posibles vulneraciones de derechos constitucionales y normativas ambientales.

José Manuyama, vocero del Comité de Defensa del Agua, respalda estas medidas legales y anuncia una movilización en la ciudad de Iquitos el próximo 15 de noviembre. El objetivo es exigir la nulidad de la concesión minera y agilizar las investigaciones para sancionar a los responsables. Manuyama advierte sobre el impacto negativo que podría tener la concesión en el ecosistema hídrico del río, afectando la alimentación, los bosques y el suministro de agua potable en la ciudad.


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