Facultad sancionadora
Contraloría ejerece inhabilitación a siete exfuncionarios de Atalaya, Purús y Pullcalpa
Esperemos que estas sanciones evite que otros funcionarios incurran en infracciones sancionables. Se espera que tengan un efecto disuasivo
Tingo Maria.-Por fin la Contraloría impuso sanciones de inhabilitación a siete profesionales técnicos que desempeñaron roles de funcionarios en Atalaya, Purús y Coronel Portillo. Los inhabilitados están impedidos de ocupar cargos públicos mientras dure el escaso tiempo de su inhabilitación. La sanción más alta es de tres años con ocho meses. Después, podrán volver a las andadas.
Las autoridades deben estar alerta porque si los contratan, serán pasibles de denuncias penales, tanto para el contratante como para el contratado.
Es muy sencillo para que una autoridad sepa si el funcionario se encuentra inhabilitado o no. Sólo tienen que ingresar al Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles de SERVIR y verificar si el que postula a un puesto o cargo, se encuentra sancionado con inhabilitación. Si lo está, no puede contratarlo y menos otorgarle un cargo de confianza.
La Oficina de Control Regional, ha manifestado en diversas oportunidades que hay una serie de procesos administrativos que, como todo proceso, se desarrolla en varias etapas para que, finalmente, se imponga la sanción.
Una vez q la Contraloría ya dio a conocer que, usando su facultad sancionadora, ha inhabilitado a 7 exfuncionarios de Atalaya, Purús y Coronel Portillo. Algunos de ellos, al margen de la inhabilitación impuesta por la Contraloría, ya son objeto de procesos penales. La máxima inhabilitación impuesta por la Contraloría, llega a los tres años y ocho meses, después de los cuales podrán volver a la función pública. Parece una medida muy blanda sobre quienes habrían usado fondos públicos para su propio beneficio. Pero, en fin, servirá como antecedente. Ya será responsabilidad de los directivos de las entidades si se arriesgan a contratarlos o designarlos en puestos de confianza, sabiendo sus antecedentes.
Es probable que estas sanciones tengan un efecto disuasivo sobre otros funcionarios. Ahora ya saben que se arriesgan a perder su capacidad de laborar para el Estado si cometen infracciones, irregularidades o delitos. Es decir, perderían su capacidad de generar economía.
Fuentes: Impetu
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