Cuatro presuntos implicados
Dictan 12 meses de prisión preventiva a cuatro investigados por la muerte del profesor Javier Arce
El Poder Judicial acogió el pedido del Ministerio Público al considerar que existen elementos de convicción, riesgo de fuga y peligro de obstaculización del proceso mientras continúan las investigaciones
El Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Loreto, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de doce meses solicitado por el Ministerio Público contra cuatro personas presuntamente involucradas en la muerte del profesor Javier Arce, un caso que ha generado gran atención pública y continúa en etapa de investigación.
Tras una prolongada audiencia de evaluación, el órgano jurisdiccional determinó que existen suficientes elementos de convicción que vinculan a los investigados con los hechos materia del proceso, así como indicios razonables de peligro de fuga y riesgo de obstaculización de la investigación, razones que sustentaron la imposición de la medida coercitiva.
De acuerdo con la resolución judicial, tres de los imputados —Dante Encinas Marín, Zila Laulate, de 49 años, y Oty Ruiz Laulate, de 28— serán trasladados en las próximas horas al Establecimiento Penitenciario de Iquitos, donde permanecerán internados bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario mientras se desarrollan las diligencias fiscales y judiciales correspondientes.
Respecto a la cuarta persona implicada, quien actualmente se encuentra en libertad, el juzgado ordenó que se ponga de manera inmediata a disposición de las autoridades. En caso de no acatar esta disposición dentro del plazo establecido, el Poder Judicial advirtió que se emitirá una orden de requisitoria, lo que permitirá su búsqueda y captura en el ámbito nacional.
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso una serie de actuaciones preliminares, entre ellas declaraciones testimoniales, informes periciales y otros medios probatorios, que, a criterio del juzgador, permiten presumir la participación de los investigados en el presunto delito. Asimismo, se resaltó la necesidad de asegurar la presencia de los imputados para evitar interferencias en la recolección de pruebas.
Las autoridades judiciales precisaron que la prisión preventiva no tiene carácter punitivo, sino que constituye una medida cautelar excepcional, cuyo objetivo principal es garantizar el normal desarrollo del proceso penal, permitir la realización de pericias complementarias, reconstrucciones de los hechos y nuevas declaraciones, así como asegurar que los investigados enfrenten la justicia sin evadirla.
Cabe señalar que el proceso penal aún se encuentra en una etapa inicial y que la responsabilidad penal de los investigados será determinada únicamente al culminar las investigaciones y tras un eventual juicio oral. En ese sentido, se recordó que todos los imputados gozan del principio de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.
El caso del profesor Javier Arce ha generado expectativa en la ciudadanía, que sigue de cerca el desarrollo de las investigaciones y espera que las autoridades esclarezcan plenamente las circunstancias que rodearon su muerte. Mientras tanto, el Ministerio Público continuará con las diligencias necesarias para determinar responsabilidades y formular, de ser el caso, la acusación correspondiente
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