¡Justicia sin concesiones!
El Poder Judicial endurece el cerco contra la minería ilegal: penas de cárcel según el Código Penal
El Juez Omar Ahomed Chávez recalca: "la minería ilegal, un delito de peligro con consecuencias graves".
(Fotografía: Diario Voces)
Amazonía.- De acuerdo con el juez superior Omar Ahomed Chávez, la minería ilegal constituye un delito de peligro, lo que significa que no es necesario que cause daño para ser penalizada. Chávez explicó que el Código Penal contempla penas de cuatro a ocho años de privación de libertad para actividades de exploración, explotación o extracción de minerales que representen un riesgo para la salud y la calidad ambiental, incluso sin causar daño directo.
El magistrado destacó que la minería ilegal se considera un delito de peligro cuando pone en riesgo el medio ambiente sin contar con la autorización administrativa necesaria. Además, señaló que existen modalidades agravadas y culposas del delito, castigando incluso la negligencia con penas de hasta tres años de privación de libertad.
Ahomed Chávez abordó el tema de los recientes ataques a empresas mineras, explicando que los mineros ilegales ven a las mineras formales como rivales, lo que lleva a amenazas y amedrentamientos. Aunque no calificó estos incidentes como delitos de minería ilegal, sugirió que podrían involucrar otros delitos graves como secuestro, extorsión o homicidio, con penas más severas.
El juez resaltó que los casos de minería ilegal han aumentado, transformándose de actividades aisladas en acciones de organizaciones criminales. Advirtió que la falta de consecuencias ha llevado a que estas actividades ilegales se vuelvan más arriesgadas, incluyendo invasiones de terrenos, ataques y, en casos extremos, la eliminación de personas para mantener el control en esas áreas.
Ahomed Chávez enfatizó la importancia de imponer sanciones y promover una cultura de legalidad en la industria minera para que las actividades se realicen dentro de las regulaciones estatales. Destacó que la percepción pasada de la minería ilegal como una actividad económica informal debe cambiar, ya que la preocupación principal es el peligro potencial para la salud y el medio ambiente, buscando prevenir daños irreparables a las generaciones futuras.
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