Congreso

Comisión de Constitución aprobó dictamen para regular uso de la cuestión de confianza

Esta iniciativa legislativa, basada en dos proyectos de los congresistas Luis Valdez y Manuel Merino, establece que la cuestión de confianza no se puede plantear por reformas de carácter constitucional.

Lima.- La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó este martes el dictamen que establece la regulación al uso de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo.

Según el texto, no se puede plantear esta medida por reformas de carácter constitucional.

Al exponer los argumentos de esta iniciativa, el presidente de la Comisión de ConstituciónLuis Valdez, opinó que "una errada práctica parlamentaria ha abierto la posibilidad de que se puedan plantear cuestiones de confianza sobre proyectos de reforma constitucional".

Ante ello, indicó, "se hace necesaria" una ley que interprete el artículo 132 de la Carta Magna "para aclarar que de la amplia variedad de opciones para plantear cuestiones de confianza no se encuentran incluidas las referidas a reformas constitucionales".

Este dictamen se basa en dos proyectos de ley que fueron presentados por Luis Valdez y por Manuel Merino por separado, y se aprobó en menos de una semana. 

Ahora el documento deberá ser puesto a debate en el pleno del Congreso de la República.

Pleno rechazó proyecto previo sobre cuestión de confianza

El pasado 10 de junio, un proyecto de ley mediante el cual se buscaba modificar la Constitución en lo referente a la presentación y trámite de la cuestión de confianza, no alcanzó los votos necesarios para su aprobación en el pleno del Congreso de la República.

La iniciativa solo obtuvo 81 votos a favor, cifra menor a los dos tercios del número legal de congresistas hábiles. Además, el dictamen tuvo 29 pronunciamientos en contra y cinco abstenciones.

En ese sentido, el proyecto, para su eventual aprobación, deberá de ser puesto a consulta de la ciudadanía, mediante referéndum.

La iniciativa N° 7624 comprendía a los artículos 133 y 134 del texto constitucional y establecía que el gobierno solo podría plantear el referido mecanismo cuando estén de por medio políticas generales de gobierno y sobre la permanencia de ministros y fiscales.


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