Opiniones

El decreto sobre huelgas de 1913

Augusto Lostaunau Moscol

Las elecciones de 1912 fueron las primeras justas electorales reñidas en nuestro país del siglo XX. Los candidatos Guillermo Billinghurst y Antero Aspíllaga no sólo eran los representantes de dos partidos políticos que anteriormente se habían enfrentado en las mismas circunstancias; sino también representaban dos posiciones muy distintas frente a un problema económico-social que se desarrolló en el Perú de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX: Las luchas obreras por derechos laborales.

Mientras algunos connotados civilistas como el doctor José Matías Manzanilla Barrientos proponían cambios en la legislación laboral para favorecer a la clase obrera peruana; por el contrario, otros sectores del civilismo -principalmente los ligados a los intereses de los Barones del Azúcar- eran reacios a legislar sobre accidentes de trabajo, condiciones de salubridad o jornada laboral. Por el contrario, este sector impuso el sistema de Enganche para las labores en las minas y las haciendas.

El vencedor del proceso fue Guillermo Billinghurst quien se convirtió en el primer Presidente del Perú en legislar a favor de la clase trabajadora. Sobre el Decreto del 24 de enero de 1913, Jorge Basadre escribió:

“Este decreto, aunque muy criticado por los obreros anarquistas, fue avanzado para su época. Obligó a los patronos a admitir la representación obrera. Dio carácter imperativo al arbitraje en los casos de conflicto. Ampró el derecho de huelga. Al mismo tiempo, buscó democráticamente para ella un respaldo mayoritario renovado de modo periódico y trató de impedir la violencia y la algarada. Fue recibido con aprensión en los sectores conservadores” (1968 XII: 246).

A pesar de la férrea oposición que presentaron, por un lado, los dirigentes anarcosindicalistas y, de otro lado, los empresarios; el Decreto del 24 de enero de 1913, fue realmente muy avanzado para su época. A inicios del siglo XX, en el Perú -como en el resto de Latinoamérica- las huelgas fueron brutalmente reprimidas, generando cientos de muertos y heridos entre la clase obrera. Era moneda corriente que los empresarios exigieran a los gobiernos utilizar la fuerza policial, incluso las fuerzas armadas, en la represión de las manifestaciones de descontento en el mundo del trabajo. Por ello, para los anarcosindicalistas el único método válido de lucha era la acción directa: huelga, toma de fábricas, atrincheramiento y resistir al Estado y la burguesía. Para muchos anarquistas y anarcosindicalistas, las huelgas eran el inicio de la revolución social.

El reconocido dirigente anarcosindicalista Delfín Lévano (bajo el seudónimo de Amador Gómez) en abril de 1913 indicó que:

“Los hechos nos demuestran que los políticos, desde el monárquico al socialista revolucionario, han fracasado y declarado su impotencia. Las leyes y las reformas benefactoras del obrero, cuando no han venido a sancionar costumbres implantadas por la acción directa de los trabajadores, son manuscritos empolvados en los archivos, como cosas inútiles, o son barreras que se oponen al desenvolvimiento de la acción obrera” (2006:368).

Podemos percibir claramente que Delfín Lévano rechaza tajantemente todo acto legal proveniente del Estado. Califica a los políticos como fracasados e impotentes. Mientras que califica la ley como un mero documento que terminará en el olvido de un archivo o como un instrumento legal por parte de las clases dominantes para reprimir el libre desarrollo de las luchas de la clase obrera. Como pensador anarcosindicalista, sólo propone y acepta la acción directa para conseguir los ansiados derechos obreros.

Jorge Santistevan y Ángel Delgado (1980) han reconocido la importancia histórica de este decreto. Sostienen que:

“Vale la pena detenerse en el decreto supremo de 24 de enero de 1913, que constituye el único cuerpo legal que alguna vez haya establecido una reglamentación coherente sobre huelgas en el Perú. Es la única oportunidad en que se ha hecho referencia a los requisitos de forma y de fondo para el reconocimiento de la huelga por parte de las autoridades y en que, además, se han determinado los pasos y mecanismos procesales para ello” (1980:39).

No cabe duda de que el Decreto sobre huelgas firmado por el presidente Guillermo Billinghurst el 24 de enero de 1913, fue un paso legal muy importante en el país para ordenar el mundo del trabajo, pero encontró rechazo entre los empresarios y los propios anarcosindicalistas. Fue una oportunidad perdida en el avance y el progreso social del país a inicios del siglo XX. Fue parte de la política de un presidente que la historiografía oligárquica y burguesa denomina “populista”. Término que aún no tiene un reconocimiento científico o académico y que sólo se utiliza con fines peyorativos en el tráfico ideológico de las ciencias sociales.

Referencias

Basadre, Jorge. Historia de la República del Perú. Tomo XII. Editorial Universitaria. Lima-Perú. 1968.

Gómez, Amador (seudónimo de Delfín Lévano). Labor Nefasta. En: La Utopía libertaria en el Perú. Fondo editorial del Congreso de la República del Perú. Lima-Perú. 2006.

Santistevan, Jorge y Ángel Delgado. La Huelga en el Perú. Centro de Estudios de Derecho y Sociedad. Lima-Perú. 1980.


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