Ante la anunciada liquidación

OEFA y Defensoría del Pueblo piden al Poder Judicial celeridad para calificar medida cautelar contra Pluspetrol

El OEFA presentó medida cautelar pidiendo se le embargue a Pluspetrol aproximadamente US$ 380 millones para garantizar se realice la remediación ambiental en torno al Lote 8 y 192.

Lima.- Ante la anunciada liquidación de Pluspetrol Norte S.A, el último 14 de enero el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) presentó ante el 37 Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima una solicitud de medida cautelar pidiendo un embargo en forma de retención en cuenta bancaria hasta por la suma de casi 380 millones de dólares.

La medida tiene como fin garantizar el costo de remediación que debe asumir la empresa privada para implementar las medidas correctivas ordenadas por el OEFA en el ámbito de los lotes 8 y 192.

Sin embargo, el pasado 16 de diciembre de 2020 la empresa Pluspetrol Norte, que operó hasta 2015 el Lote 192, en la región Loreto, anunció que iniciará un proceso de disolución y liquidación.

Cabe anotar que la empresa presentó defectuosamente su propuesta de plan de abandono de sus operaciones al Ministerio de Energía y Minas por lo que fue rechazado.

En el plan de abandono, Pluspetrol Norte no precisa cómo remediará los pasivos ambientales, ubicados en la cuenca de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, ni información para corregir las 245 infracciones administrativas.

Según el OEFA, solo las multas ascienden a 2.9 millones de dólares, sin considerar las impuestas por incumplimiento a medidas correctivas, cuyos mandatos tienen por objeto lograr la remediación ambiental y cuyos plazos de cumplimiento vencieron desde antes de la declaratoria de la emergencia sanitaria por COVID-19.

“La única forma de evitar que no se remedien los daños ambientales generados por Pluspetrol Norte es separar y resguardar el financiamiento necesario para concretarlo e incluso, en caso de ingresar la empresa a un procedimiento administrativo concursal, esta acreencia ambiental esté garantizada y no sea considerada una acreencia común debido a que nuestra Ley General Concursal, Ley N° 27809 no considera entre los créditos priorizados de pago a las acreencias ambientales no garantizadas como se puede observar en el primer inciso de su artículo 42”, comentó Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS).

PIDEN CELERIDAD

Ante la poca celeridad del Poder Judicial por pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por el OEFA, el último 3 de marzo el organismo estatal presentó al 37 Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima una serie de documentos emitidos por la Defensoría del Pueblo sobre el caso con el fin que se dé celeridad a su pedido judicial.

“La falta de cumplimiento de las medidas dispuestas por OEFA, entre ellas, la remediación ambiental de los impactos ambientales generados, así como el anuncio de liquidación de la empresa Pluspetrol Norte S.A., motivada por los actos administrativos emitidos por la entidad fiscalizadora, y presuntamente destinada a evadir el cumplimiento de estas obligaciones, no solo pone en riesgo el ambiente y los recursos naturales, sino que pone en riesgo al derecho a un ambiente equilibrado, la vida y la salud de las personas, por lo que requiere medidas inmediatas por parte del Estado”, se lee en el reciente documento presentado por el OEFA.

Además, en su preocupación por defender los intereses nacionales, el pasado 12 de febrero, la Defensoría del Pueblo cursó oficios a la Presidencia del Consejo Ministros, Poder Judicial, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Energía y Minas exhortándolos a tomar las medidas necesarias para que Pluspetrol cumpla con remediar los pasivos ambientales.

Al respecto, César Gamboa, Director Ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales recordó que la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 establece en su Principio 4 que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.”

“A consecuencia de ello, el Estado no solo promueve inversiones, sino que debe asegurarse de que estas sean sostenibles, lo que implica obligar al responsable a tomar medidas de prevención y remediación pertinentes cuando este genere impactos negativos al ambiente y salud de las personas”, resaltó Gamboa.

Recientemente el IDLADS presentó un Amicus Curiae con el fin de garantizar la remediación ambiental que debe asumir la empresa Pluspetrol Norte en los lotes 8 y 192 en resguardo del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado y la salud de las poblaciones indígenas.

Asimismo, solicitó al Poder Judicial se le incorpore en el proceso cautelar como litisconsorte a favor de OEFA para defender y garantizar juntos la remediación del ambiente.


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