Opiniones

Reflexión final para los votantes

De ciudadano a ciudadano: 

En el primer trimestre del  2021 el Perú se encuentra en un punto de inflexión en el que coinciden históricamente varios procesos político sociales que tienen influencia directa sobre la seguridad integral del país: La segunda ola de la pandemia, las elecciones presidenciales a celebrarse en abril, el Bicentenario de la República en el mes de julio y la larga crisis política agudizada desde el 2017 por el caso Lava Jato, llevando a la prisión a cinco expresidentes, que con Alberto Fujimori, condena a cadena perpetua desde hace diez años, suman seis  los expresidentes del Perú procesados penalmente por la justicia. 

En febrero estalla el caso “Vacuna-Gate” por una irregular gestión de un lote de vacunas Sinopharm, comprometiendo al último expresidente Martín Vizcarra vacado a fines del 2020, acontecimiento que significaría la sucesión de tres presidentes de la República en menos de 10 días. Sin duda este gobierno, PPK y Vizcarra, han sido los presidentes más nefastos para el país. Si los expresidentes del Perú ya daban una mala imagen de nuestra realidad, con la pandemia se esperaba una nueva actitud de parte de los gobernantes, sin embargo, Martin Vizcarra con su sospechosa gestión, ha logrado que internacionalmente, nos vean con sospecha y recelo. 

Este en este contexto de corrupción e inestabilidad política, presión judicial, convulsión social y crisis económica en el que este artículo enfoca el problema de la seguridad ciudadana desde la perspectiva de las propuestas electorales en carrera. 

1.-Corrupción política en el Perú: Un largo proceso en descomposición

La pandemia ha impuesto desafortunadas circunstancias en la vida de millones de ciudadanos en el mundo. Estamos enfrentando a la naturaleza. Esto ha cambiado el escenario político-social del mundo entero. En el Perú, la inestabilidad política-social de los años 80s (caracterizada por el enfrentamiento político y el terrorismo comunista) fue reemplazada por una prolongada estabilidad económica que desde mediados de la década de los 90s hasta el 2020 garantizó un constante crecimiento económico conocido como el “milagro peruano”, alejando el conflicto social de los 80s que se originaba en las profundas diferencias económicas. 

Pero en los últimos 25 años, mientras la economía peruana se corregía y alcanzaba un crecimiento constante, en paralelo se producía otro proceso que ha ido evolucionando históricamente (desde los crímenes imputados a Alberto Fujimori.  

hasta la vacancia consecutiva de dos presidentes en una semana en diciembre del 2020): La corrupción en las altas esferas del gobierno, proceso que ha dejado al Perú con todos sus expresidentes vivos en prisión, un hecho insólito en la Historia Universal. 

Este largo proceso de corrupción acelerado desde el 2017 por el caso Lava Jato y lo que sucede con los partidos políticos peruanos, acusados de lavado de activos en su mayoría, ha conllevado en una amenaza para la gobernabilidad democrática que pone en riesgo la estabilidad y la seguridad ciudadana: La ilegitimidad de los poderes fácticos y el vacío de autoridad, germen del caos y la anarquía. 

La desconfianza de la ciudadanía en sus políticos y candidatos no es gratuita. Es común y “permisible” que el candidato no cumpla con sus promesas o su Plan de Gobierno. Por otro lado, se venía desarrollando un nuevo tipo de democracia popular tolerante con la corrupción evidente de las autoridades políticas que se ejemplificó en la frase propagandística de un candidato presidencial en las elecciones del 2018: “Roba, pero hace obra”. La pandemia ha cambiado ese escenario peligrosamente porque la estabilidad y el crecimiento económico se han terminado. Económicamente el Perú ha retrocedido a los años 80s, a los tiempos de Sendero Luminoso y el MRTA, 20 millones de peruanos pasaron de la clase media a la pobreza en el 2020. Hay pobreza, necesidad material, hambre. La delincuencia y la criminalidad crecen inexorables. 

2.- Falta de credibilidad en líderes y partidos políticos

Nadie cree en los candidatos ni en los políticos. Todos mienten, incumplen sus promesas de campaña, no desarrollan sus planes de gobierno. Lava Jato y los sobornos de Odebrecht hicieron que todos los líderes políticos quemaran todas sus balas. Mintieron frente a cámaras para negar que estuvieran inmersos en la mafia de Odebrecht, luego aparecieron las pruebas, los testigos, los colaboradores eficaces, las cuentas, las transferencias. Finalmente fueron a prisión con su prestigio y credibilidad por los suelos. El expresidente Alan García no soportó la presión judicial y terminó suicidándose en abril del 2019. Hoy lo peruanos no creen en ningún candidato. El colmo llegó en febrero del 2020 cuando todos pensaban que sus autoridades estaban cambiando como reacción a la dura realidad de la pandemia. El Perú es uno de los países más golpeados por la enfermedad del coronavirus. Sin embargo, una vez más estalla el escándalo: La corrupción manchó la adquisición de la vacuna, al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti. Las mentiras y laberintos de Vizcarra han dañado profundamente la investidura presidencial. 

Si hay algo que nos debe quedar claro, es que la Pandemia nos demostró de manera contundente que un importante número de Políticos, Funcionarios y Empresarios, están unidos por la podredumbre de la Corrupción, en un escenario donde mueren Miles de peruanos, no debemos permitir la Impunidad para ninguno de ellos.  

En un País como el nuestro, luego de seis gobiernos consecutivos que han Sido acusados de corrupción, el aprendizaje de valores como la Ética y la Moral debe ser cotidiano. En el caso Lava Jato se vio el manejo mafioso y delictivo de algunas constructoras y la Pandemia nos muestra un manejo vergonzoso en el sector Salud, pública y también privada, ni el área de investigaciones médicas se escapan. 

Hoy ningún peruano cree en sus autoridades. Pero es la pandemia y específicamente la fuerza con la que está golpeando la segunda ola lo que mantiene a la población en suspenso. El fin de la primera ola entre octubre y noviembre estuvo acompañada por 

protestas sociales, manifestaciones, marchas, enfrentamientos con la Policía, con muertos y heridos. La convulsión social duró semanas. Se sucedieron tres presidentes en 10 días.  

3.- Pandemia, inestabilidad política y convulsión social

Francisco Sagasti asumió a inicios de diciembre, pero la convulsión continuó en provincias del sur y el norte del país, los muertos y heridos se siguieron produciendo en enfrentamientos con la Policía, la situación continuó durante todo diciembre, luego vino Navidad, Año Nuevo, y a inicios de enero del 2021 ya teníamos la segunda ola encima. Con todo esto, con cuarentena, con restricciones, toque de queda y con protocolos de bioseguridad, la delincuencia y la inseguridad ciudadana siguen en aumento. 

El peligro es inminente porque los políticos y candidatos continúan con la misma dinámica demagógica y mediática de antes de la pandemia. Este peligro ocasionado por la falta de legitimidad política y vacío de autoridad se manifestó públicamente en el lema que se enarboló para vacar a dos presidentes en una semana durante las protestas de diciembre último: “No me representa”, refiriéndose al presidente nombrado por el Congreso. Un último detalle al respecto: Vizcarra, el presidente vacado y Merino, el nuevo presidente que lo reemplazó, representan fuerzas políticamente antagónicas en el Perú, el fujimorismo y el anti-fujimorismo respectivamente. El “pueblo” que salió a las calles para vacar a Vizcarra no fue el mismo “pueblo” que salió a protestar para sacar a Merino del poder. Finalmente, ambas posiciones se anularon mutuamente dejando a Francisco Sagasti como presidente interino hasta julio del 2021.  

4.- Plan de Gobierno: Improvisación y “amiguismo”

Una característica de los candidatos presidenciales peruanos es que no tienen un equipo de trabajo multidisciplinario serio detrás de sus Planes de Gobierno. Esto es compensado por el “amiguismo”, término que describe el tipo de relaciones políticas sobre las que se estructuran los partidos políticos peruanos. Los equipos de trabajo que elaboran los Planes de Gobierno de los partidos políticos están conformados por criterios basados en intereses o afinidades políticas y no por criterios técnicos.  

Técnicamente todos los Planes de Gobierno de los partidos políticos peruanos son pura espuma y levadura por una sencilla razón: desde los años 90s el Perú sigue una misma política económica basada en los principios teóricos neoliberales de la Escuela de Chicago, política que se ha mantenido estable por más de 25 años consecutivos, e inalterable en cada uno de los gobiernos liderados por Fujimori, Toledo, García Pérez, Humala, Kuczynski, Vizcarra y ahora Sagasti, en orden cronológico. A esta continuidad inalterable de la política económica se le compara en Perú con el “piloto automático” o con un funcionamiento en “stand by”. Desde otro punto de vista, la economía política peruana sigue el rumbo de la economía global, razón por la que el Perú no tiene una visión de país a largo plazo. Todo Plan de Gobierno en estas condiciones queda reducido a mera demagogia.   

5.- Candidatos que son un peligro para la democracia y la gobernabilidad.

Si en el Perú, todos los expresidentes se encuentran bajo prisión por acusaciones de corrupción, los candidatos presidenciales no se quedan atrás. La gran mayoría de ellos enfrenta procesos penales con la justicia, incluso aquellos que lideran las encuestas y tienen posibilidad de ser presidentes del Perú. Es el caso de Keiko Fujimori, Daniel Urresti, George Forsyth, Julio Guzmán, Verónica Mendoza, César Acuña, entre los más importantes. Políticamente la ciudadanía los considera ilegítimos, sólo se sostienen por la imagen que les gestionan los monopolios mediáticos. 

Políticamente todos ellos están judicializados. La judicialización es un fenómeno que se originó en el Perú en la época del terrorismo, sobre todo en zonas rurales: Las personas se acusaban mutuamente de terroristas ante las autoridades como venganza ante problemas de otra naturaleza: conflictos familiares, disputas comunales por tierras o linderos, etc. En la última década, y tras el juicio televisado a Alberto Fujimori que terminó con sentencia a cadena perpetua, empezó una persecución judicial a todo presidente o líder político que fue salvada con éxito por cada uno de ellos hasta el estallido de Lava Jato en el año 2016. Lava Jato rompió la burbuja de impunidad que protegía a líderes y partidos políticos. La naturaleza internacional del caso Lava Jato con conexiones en Brasil y EE.UU. hicieron que la justicia norteamericana tomara cartas en el asunto acabando con la impunidad de los líderes políticos peruanos. 

Varios de los actuales candidatos presidenciales están vinculados a Lava Jato y tarde o temprano tendrán que responder ante los tribunales en el marco del megacaso. Esto representa un peligro para la gobernabilidad y la democracia en caso uno de ellos llegue a ser electo presidente. Su autoridad sería ilegítima a priori. 

En el fondo de la sinvergüencería, el Jurado Nacional de Elecciones JNE, organismo público encargado de admitir y oficializar las candidaturas a presidente y congresistas, ha tenido un comportamiento parcializado en plena campaña electoral. La prensa peruana denunció estas irregularidades cuando el JNE dictó un veredicto irregular en favor de la candidatura a congresista del cuestionado expresidente Martín Vizcarra. La denuncia de la prensa acusó al JNE de haberse producido el cambio en el sentido de la votación de dos magistrados del JNE sobre el caso Martín Vizcarra debido a que en primer término se habría optado porque se excluya su candidatura; sin embargo, el cambio de voto de estos dos magistrados habría permitido que continúe en la contienda.  

6.-Conclusiones

Si bien es cierto que en el Perú es una tradición votar por el mal menor, en estas elecciones ni esa opción tenemos. Estos candidatos en un 95% empobrecen nuestra política.  Llegamos a una situación donde el punto es que el voto responsable es una quimera debido a que ningún candidato es idóneo, sin planes ni equipos de trabajo que pueden garantizar un adecuado gobierno, no tenemos partidos políticos de verdad y nos encontramos en una crisis realmente grave. 

Cuidado que esta vez la guerra avisada sí matará gente, las condiciones del País, por la Pandemia, la Corrupción, la Impunidad, la Inseguridad Ciudadana, una Economía muy golpeada, falta de trabajo, una mayor informalidad, mayor pobreza, por todo ello esta vez los votantes no podemos equivocarnos, el destino estará en manos de nuestro voto. 

Finalmente, no podemos permitir que políticos, funcionarios y empresarios, continúen robando, si la impunidad se impone, también se robaran más temprano que tarde, la esperanza de nuestros hijos y nietos.  

Cesar Ortiz Anderson

Presidente de Aprosec

www.aprosec.org

Cel.:999316197 / 998160756

Fan Page:  Aprosec-PERU


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