Opiniones

Pobreza y archivos

Augusto Lostaunau Moscol

En 1988, el historiador estadounidense William W. Stein, publicó su libro El Levantamiento de Atusparia (Mosca Azul Editores, Lima-Perú). En el prefacio se puede leer:

“Este libro es el resultado de un esfuerzo por reunir los materiales básicos sobre el movimiento popular de 1885 en la sierra de Ancash. No pretende ser definitivo sino, más bien, aspira a reunir y comentar los documentos que conformaron la materia prima de los trabajos anteriores sobre el movimiento efectuados por historiadores sociales y otros. Dentro de esta función, bien puede servir para rescatar del olvido fuentes en deterioro por el tiempo y la pobreza. Hay muchos peruanos patriotas preocupados profundamente por el patrimonio nacional, que verán desaparecer estas piezas de historia, sin poder remediarlo. Este es un comentario penoso sobre el estado actual de nuestra civilización, en el que un país pobre corre el riesgo de perder información sobre sí mismo simplemente por no tener los medios suficientes para preservar dicha información para las futuras generaciones”.

Profunda, grave y dolorosa realidad la descrita hace 33 años. Un país pobre, no tiene las posibilidades de resguardar sus documentos que le servirán para estudiarse a sí mismo. Estos documentos se deteriorarán producto del tiempo y de las fuerzas de la naturaleza. Un país pobre primero piensa en alimentos. Los documentos son dejados de lado. Pero, la pregunta es: ¿Por qué -si se ha reconocido que el Perú protagonizado un crecimiento económico en los primeros años del siglo XXI- los documentos se siguen deteriorando o perdiendo? Y la respuesta es que no sólo es la pobreza económica la que pone en riesgo la pérdida de documentos y su valiosa información; también lo es la pobreza política.

La total ausencia de una clase dirigente que aplique una política de desarrollo en el país. Sólo hemos tenido una clase dominante que copia modelos o aplica modelos impuestos. Este modelo económico de los primeros años del siglo XXI lo único que busca es exacerbar las ganancias. ¿Y la cultura? ¿Y los archivos? ¿Y los documentos? ¿Y el conocimiento de nuestro pasado? Mejor dicho ¿Y las Humanidades? ¿Y las Ciencias Sociales? No forman parte del enriquecimiento del país. No son tomadas en cuenta. No son rentables. No garantizan ganancias a los inversionistas. Por ello, seguimos siendo testigos del deterioro y la pérdida de documentos valiosos. Además, existen grandes intereses de los grupos de poder porque estos documentos desaparezcan o permanezcan fuera del alcance y conocimiento de las grandes mayorías. Contienen mucha información que “no debe ser divulgada” para no poner en riesgo su poder. Entonces, inventan becas de investigación y de estudios de postgrado que alejen a los investigadores de esos casos. Los entrenan y educan para escribir anécdotas y negar la existencia de la verdad histórica objetiva, real y concreta.

Grandes archivos personales de intelectuales fallecidos en los últimos años han caído en manos de coleccionistas nacionales y extranjeros. El conocimiento se privatiza. Y, en otros casos, termina siendo subastado o vendido en las ferias de libros populares. No existe una sola idea de cómo preservar archivos y bibliotecas de investigadores peruanos de prestigio mundial. Son muchos los profesionales peruanos deseosos de heredar a la sociedad sus documentos. Y, desde el Estado parece no importarle a nadie. ¿Dónde estarán los documentos atesorados por Marco Aurelio Denegri? ¿Por Julio Cotler? o ¿César Lévano? El Archivo General de la Nación debería habilitar un presupuesto y un espacio para estos casos. Ojalá que, las universidades nacionales contarán con presupuestos para atesorar los documentos elaborados por sus docentes e intelectuales y ponerlos al servicio de los investigadores. No tenemos que observar cómo cientos de documentos, tesis y libros de reconocidos maestros universitarios son ofertados en las calles del Centro de Lima o en las redes sociales. Se puede encontrar la primera edición de libros autografiados por sus autores y con dedicatorias muy finas a otros intelectuales de gran valía. Para acceder a ellos sólo se debe contar con el dinero exigido. Mientras tanto, las autoridades de turno gastan el dinero en consultorías sin sentido.

La misma Comisión del Bicentenario no ha presentado un proyecto nacional para crear un Sistema Nacional Integrado de Archivos del Perú. El actualmente existente es letra muerta. Quedó en el papel. Todo este disperso y desconectado. No se ha tomado en cuenta el trabajo tenaz y muy bien realizado por las generaciones de archiveros peruanos formados profesionalmente en la ENA. Son casi “ciudadanos de segunda clase”. La mayoría de los historiadores y otros científicos sociales los miran de arriba hacia abajo. Son “simples servidores”. En los Congresos Nacionales de Historia; de Sociología o de Antropología a nadie se le ocurrió crear una mesa para diagnosticar la situación de los archivos peruanos en la actualidad, donde los expositores tienen que ser necesaria y obligatoriamente archiveros. Sancionar a aquellos "científicos sociales" que, trabajando en alguna institución pública, sustraen los proyectos de investigación presentados por terceros y los presentan como suyos para recibir un cargo en alguna Comisión. A la pérdida de documentos se agrega los que sustraen información valiosa de otros investigadores con menos posibilidades de publicar sus hallazgos documentales.

¿Y los archivos municipales? Gracias a algunas gestiones que cuentan con cierto conocimiento de la materia, algunos municipios -principalmente en las principales ciudades- han tenido un buen trabajo con sus archivos; pero la mayoría no lo han hecho. Los archivos son dirigidos por cualquier persona que tenga amistad con el alcalde. Son un puesto laboral para premiar a quién apoyó en la campaña. Mientras tanto, los profesionales del archivo siguen postrados y frustrados en un país que cada cierto tiempo debe soportar ver que sus documentos históricos son robados. La gran mayoría de los alcaldes prefieren derrochar el dinero en construir plazas y monumentos bajo el pretexto de “atractivo turístico”. Dichas obras no cuentan con el aval de un profesional del turismo. Así, se ha gastado dinero en monumentos a la papa, el camote, el cuy, el sombrero, etc. Y nada para los archivos. Repito, muchos desean que los documentos desaparezcan o se deterioren.

¿Y el Archivo del Poder Judicial por qué pone tantas trabas para tener acceso a documentos como las investigaciones internas? ¿Y el Archivo de las Fuerzas Armadas en relación con los documentos durante el periodo de la violencia interna? Parece que para muchos lo sucedido hace 30 años no es historia. ¿Se perderán esos documentos por la pobreza moral de quienes los custodian?

El Bicentenario es una fecha fracasada. Lo único que nos queda es proyectarnos a celebraciones como el V Centenario de Lima (2035) o el V Centenario de San Marcos (2051), con la finalidad de proyectar, planificar y ejecutar la creación de un Sistema Nacional Integrado de Archivos del Perú, que controle todos los documentos históricos existentes a nivel nacional. Para ello hacen falta los profesionales del archivo formados en la ENA. Ningún documento debe quedar fuera de ese Sistema Nacional Integrado de Archivos del Perú. Por el bien de las futuras generaciones.


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