Jaime Antezana Rivera

Liberación de los asesores de Fuerabamba: ¿Se cayó la acusación de dirigir una organización criminal?

Escribe Jaime Antezana Rivera.- La respuesta parece ser afirmativa. No hay otra razón para que el Poder Judicial ordenara la liberación de los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, acusados de dirigir una organización criminal que "extorsionaba" a la empresa minera china MMG Las Bambas.

En efecto, la Sala Penal que vio el caso "declaro fundada en parte el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Jorge y Frank Chávez Sotelo, y Carlos Vargas Arizabal, acusados por el delito de extorsión y organización criminal en agravio a la empresa minera MMG Las Bambas" (El Comercio 3.519).

Era, que duda cabe, una grave acusación en tiempos que la criminalización es un fenómeno que cruza transversalmente el tejido social y político, cuajando en organizaciones criminales en -como se suele decir- todos los niveles del Estado y la sociedad. Sin excepción.

La libertad de los abogados de la comunidad de Fuerabamba, el principal foco de conflicto en el sur andino, pone en cuestión la teoría fiscal que estos forman una "organización criminal". Es teoría había sufrido un duro golpe con la libertad de Gregorio Rojas, presidente de dicha comunidad, también considerado miembro de esa "organización criminal".

Cabe señalar que la detención de los abogados y el dirigente en mención atizó el conflicto entre la empresa minera y los comuneros de Fuerabamba quienes demandaron, con marchas y el bloqueo de la carretera, su liberación para negociar y poner fin al conflicto que amenazaba con expandirse a la región.
La liberación de Gregorio Rojas, para tener un interlocutor válido con quien negociar, no implicó que los líderes abandonen a sus asesores. Fue una exigencia en las mesas de diálogo que tuvieron lugar en Lima y Challhuahuacho, Apurímac.

Tal es así que lo incorporaron como uno de los puntos que la mesa de diálogo en curso tiene que abordar tras el levantamiento del bloqueo de la carretera, en el tramo del Fundo Yavi Yavi, con la presencia del Presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar. Este tema no estuvo exento de problemas
Es más: esta demanda de los fuerabambinos y otras comunidades de la zona es más amplia: plantean que el archivamiento de todas las investigaciones contra los comuneros. "Nosotros los comuneros no somos extorsionadores" aseveró Rojas (Correo 20.4.19). Niegan ser "criminales".

En ese contexto, la orden de libertad de los hermanos Chávez Sotelo y Vargas Arizabal es visto como un acto de justicia. "Todos acá (Apurímac) estamos muy alegres, por fin se hizo justicia, ellos no cometieron ningún error, y nosotros tampoco, solo defendieron al pueblo frente al abuso y atropellos", señaló (Correo 3.5.19).

Además, han anunciado que los abogados, que en próximas horas serán puestos en libertad, volverán asesorarlos "lo más pronto posible" en las negociaciones que están pendientes. ¿Que dirá la empresa que los denuncio? No lo sabemos. Esa es la decisión de las comunidades. Se tiene que respetar.

Así las cosas, el Poder Judicial debería evaluar a fondo la parte de la investigación que se les sigue a los asesores e informe si, realmente, amerita que estas continúen por el delito que les imputan. Lo mismo debe hacer con los, más o menos, 500 comuneros que -según los dirigentes- tienen investigaciones por diversos delitos y, en algunos casos, tienen orden de prisión.

Ahora bien, con la decisión del Poder Judicial de liberar a los abogados de Fuerabamba, se afirma un clima de calma en una zona que estuvo signada por un conflicto que duró unos 60 días con enormes perjuicios a la economía nacional y un alto costo social. Es necesario consolidar el fin pdel conflicto social en una zona donde entraran otros proyectos mineros basados en el respeto a las comunidades y compromisos.

Para consolidar ese clima de paz social no solo el Poder Judicial deberá evaluar la enorme cantidad de comuneros con procesos de investigación, sino dos cuestiones más: que la empresa cumpla con el pago digno por la servidumbre a los comuneros de Fuerabamba y otras comunidades y el Estado y la misma empresa cumplir con sus compromisos establecidos en el acta de acuerdos firmados con los líderes comunales y autoridades municipales y regionales.

Fuente: Jaime Antezana Rivera


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