Jaime Antezana Rivera

Apurímac: De un conflicto social focalizado al paro regional contra Las Bambas.

Escribe Jaime Antezana Rivera.- El conflicto social contra la minera MMG Las Bambas se expande. A las movilizaciones y bloqueo de la carretera en el tramo del fundo Yavi Yavi, en el distrito de Colquemarca, Chumbivilcas, Cusco, de los pobladores de la comunidad de Fuerabamba, perteneciente al distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, Apurímac, por la detención de su presidente y asesores, se anuncia una medida de protesta regional de las organizaciones apurimeñas.

Tras una "autoconvocatoria", impulsada por varios frentes de defensa provinciales, en una "Asamblea Popular Extraordinaria, realizada el miércoles 27 de marzo en la ciudad de Abancay, capital de Apurímac, diversas organizaciones de la sociedad civil de esta región acordaron -entre otros puntos- efectuar un paro regional el 2 y 3 de abril. Este paro regional de 48 horas, de acuerdo al acta de acuerdos, es "preventivo" dejando abierta la posibilidad de un paro indefinido.

Para ello se ha conformado un Comité de Lucha. En estos momentos, las organizaciones convocantes (frentes de defensa, Sutep, Construcción civil, etc.) de seis provincias, con excepción del frente de defensa de Cotabambas, están en plena convocatoria para la efectivización de esta medida de fuerza. Así, sin que las autoridades del Ejecutivo estén haciendo algo para evitarlo, de un conflicto focalizado en la comunidad de Fuerabamba se pasaría a un conflicto regional.

Este paro regional se inscribe en un contexto de mayor crispación del conflicto entre la comunidad de Fuerabamba y la empresa minera por la detención de su principal dirigente, Gregorio Rojas, y tres asesores. Obviamente, que las movilizaciones de los comuneros de esa comunidad exigiendo la libertad de su presidente y asesores es el detonante de esa medida. Sin embargo, el paro regional no es una medida de fuerza solo de apoyo y solidaridad con estos. Va más allá de eso.

Eso fluye de la plataforma de demandas acordadas en la "asamblea popular extraordinaria" de Abancay. En efecto, en el acta de acuerdos hay dos puntos específicos: "la liberación del presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y sus asesores" y el "levantamiento del estado de emergencia en el corredor minero". Es evidente que los apoyan e integran las demandas de Fuerabamba pero sus demandas lo trascienden.

En la plataforma, entre las más importantes, hay cuatro demandas clave: uno, "Solicitar auditoría del cumplimiento de las 17 condiciones del contrato"; dos, "Solicitar la entrega del impuesto por concepto de la venta de Xtrata-Glencore a la empresa China MMG que asciende a la suma de 1500 millones de soles para proyectos de desarrollo de la región Apurímac"; tres, "Solicitamos el pago del canon minero. Es robo y saqueo completo postergar al 2021".

Y, cuatro, “Exigimos cumplimiento de compromisos del acta firmado (sic) por el ministro de transportes y comunicaciones en el año 2016 por el hoy presidente Martín Vizcarra. (La) Inversión de dos mil millones de soles en la provincia de Cotabambas. De lo descrito, se trata de demandas pendientes relacionados con el aporte de la inversión minera al desarrollo regional. Es una plataforma articuladora de las demandas específicas de Fuerabamba y las demandas generales de la sociedad civil apurimeña.

Aun cuando no está claro si las organizaciones que convocan a este paro plantean como condición la libertad del dirigente y asesores de Fuerabamba, detenidos el 21 de marzo pasado, para entablar el diálogo con el Ejecutivo y la empresa, sin duda alguna, esta medida de fuerza regional fortalecerá la protesta de esta comunidad y, a la vez, abre una agenda más amplia de negociación con el Ejecutivo y la empresa. Están irrumpiendo los actores “olvidados” y las demandas omitidas.

Y lo grave de todo esto es que no se está haciendo nada para frenar el paro regional. Todo lo contrario: el conflicto se tensará más y se complicará aún más la solución del mismo. El Ejecutivo ha cometido un grave error al omitir a los actores sociales que convocan a esa medida de fuerza. Ese error le pasara una factura muy alta. Se pasara del bloqueo de la carretera en el tramo del fundo Yavi Yavi al bloqueo de todo el corredor minero, así como las demás carreteras de la región.

Es, pues, inminente la expansión del conflicto de la comunidad de Fuerabamba a la región contra la empresa minera MMG. Y con posibilidades de expandirse a otra región: al Cusco. O provincias de esta región, como Chumbivilcas. Y, a contrapelo de la mayoría de medios de comunicación y la difusión de los audios que buscan demostrar una presunta extorsión de los dirigentes y asesores a la empresa minera, con apoyo social a nivel nacional. También con mucha discriminación.

En consecuencia, los camiones (llamados en la zona, los encapsulados) con los cargamentos de concentrados de minerales de la empresa MMG continuaran sin poder salir hacia el puerto de Matarani, Arequipa. Y las pérdidas, tanto para la empresa y el Estado, será muchísimo más cuantioso de lo que se ha dado a conocer: en 50 días de conflicto se estima en US$300 millones (Perú 21 29.03.19). Y sin interlocutores capaces de frenar la expansión del conflicto.

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado? Diálogo y represión. El estado de emergencia con una zona cuasi "militarizada", con varias choques con la población y la detención del principal dirigente y asesores de la comunidad de Fuerabamba. El resultado: la expansión de un conflicto focalizado a uno regional. Y aparejado a ello, ahora tiene que atender las demandas específicas de Fuerabamba y de la región. Ya no se podrá separar. Un panorama sumamente complejo y explosivo.

Y sigue profundizando esa misma lógica: hoy, 29 de marzo, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región de Apurímac , y amplió el estado de emergencia declarado en parte del Corredor Vial Apurímac - Cusco – Arequipa (Perú 21 29.03.19). O sea, más presencia policial con apoyo de las FFAA. Y, sin convocar a los interlocutores válidos, se está anunciando una mesa de diálogo para el 9 de abril próximo en la ciudad de Lima.

El Ejecutivo tiene que evitar el escenario de colisión que se avecina. Solo el diálogo con soluciones concretas a las demandas de la comunidad de Fuerabamba y de la región se podrá evitar un “fuerabambazo” o un “apurimaczo” con un alto costo económico y social para el país. Es necesario sensatez. El Estado de Derecho no se puede imponer con estados de emergencia que suprimen varios derechos fundamentales con policías y soldados. Sus demandas son atendibles y legitimas.

Fuente: Jaime Antezana Rivera


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