Ucayali

Contraloría advirtió riesgos en proceso de selección para ejecución de Carretera Neshuya - Curimaná

Los riesgos notificados al Gobierno regional de Ucayali

Pucallpa.- La Contraloría General de la República notificó al Gobierno Regional de Ucayali, los dos primeros riesgos advertidos en el procedimiento de selección para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de la Carretera Departamental Neshuya – Curimaná, distrito de Irazola y Curimaná, provincia de Padre Abad.

Mediante oficio n.° 967-2018-GRU/GR-OCIR, y 0979-2018-GRU/GR-OCIR, de fechas 04 y 07 de diciembre, respectivamente, el Órgano de Control Institucional Regional notificó al titular del GOREU, los hechos identificados hasta el momento como parte de un servicio de control simultáneo a este proceso de selección.

Hechos advertidos:

1.- Tras declaratoria de DESIERTO de la Licitación Pública con precalificación N.° 012-2017-GRU-GR-CS para la ejecución de la obra de la Carretera Departamental Neshuya Curimaná con un valor referencial de S/ 188 483 879,63, se convocó a una adjudicación simplificada, en contravención de la normativa vigente.

Para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de la Carretera Departamental Neshuya – Curimaná, distritos de Irazola y Curimaná, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali”, inicialmente el Gobierno Regional de Ucayali, convocó la Licitación Pública con precalificación N° 012-2017-GRU-GR-CS. En el cual, tras el recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro, con resolución n.° 1887-2018-TCE-S2 de 3 de octubre de 2018, la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, resolvió lo siguiente:

Revocar la buena pro otorgada al Consorcio Oruya 12, integrado por DESIAL SAC y Tableros y Puentes S.A. Sucursal del Perú.

Descalificar la solicitud de precalificación de las empresas Construcción y Administración S.A. e Hidalgo S.A., integrantes del Consorcio Curimaná.

Descalificar la oferta del Consorcio Oruya, en la mencionada licitación pública

Declarar desierto la Licitación Pública con precalificación

Respecto a la declaratoria de desierto, la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 29°, establece que “Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna oferta. (…) El reglamento establece el procedimiento de selección a utilizar luego de una declaratoria de desierto”. Así el artículo 44° del Reglamento, señala: “Cuando los procedimientos de selección se declaran desiertos, la siguiente convocatoria debe efectuarse siguiendo el mismo procedimiento de selección. En el caso de licitación pública sin modalidad o concurso público, la siguiente convocatoria debe efectuarse siguiendo el procedimiento de adjudicación simplificada. En el supuesto que en una licitación pública con precalificación no existiera dos o más participantes precalificados, debe declarase desierta, correspondiendo a la Entidad definir si resulta necesario convocar un nuevo procedimiento con precalificación o uno sin modalidad.

En ese contexto, al haberse declarado desierto la Licitación Pública con precalificación n.° 12-2017/GRU-GR-CS, la Entidad debía definir si resultaba necesario convocar un nuevo procedimiento de licitación pública con precalificación o uno sin modalidad; ya que en virtud de la resolución emitida, no hubo ni dos participantes precalificados ni oferta válida. No obstante, contraviniendo la norma legal, se convocó a una Adjudicación Simplificada, que solo resultaba procedente si la primera convocatoria se hubiera realizado a través de una licitación pública sin modalidad, que no es el caso. Por ello, incluso la mencionada resolución apuntaba a que la nueva convocatoria debía ser una Licitación Pública con precalificación.

Al respecto, una Licitación Pública se caracteriza por contemplar en sus etapas una de calificación de ofertas (independiente), donde se verifica el cumplimiento de requisitos de calificación de los postores, que son aquellos elementos que acreditan que el postor reúne las capacidades necesarias para ejecutar la prestación de manera idónea. Es decir, contempla un “filtro” adicional, luego de la evaluación de la ofertas, para lograr un otorgamiento de la buena pro con la máxima seguridad que el postor ejecutará sus prestaciones oportunamente. Razón por la cual se estableció que para contratación de bienes cuyo valor sea mayor o igual a s/ 400 000,00 y obras mayor o igual a s/ 1 800 000,00, debe seguirse este proceso.

Es importante en las contrataciones de gran envergadura asegurar el cumplimiento de la prestación de manera idónea por parte del postor ganador, que incluso la normativa ha previsto que para contrataciones con un valor referencial igual o mayor a S/ 20 000 000,00, la entidad puede optar por la licitación pública con precalificación (tipo especial de Licitación Pública regulada en el artículo 57° del Reglamento), establecida con la finalidad de preseleccionar a proveedores con calificaciones suficientes para ejecutar el contrato e invitarlos a presentar su oferta. La intención de la normativa es que, en contrataciones de importante envergadura, se conozca desde el inicio del procedimiento que existen en el mercado proveedores que cuenten con las aptitudes suficientes para ejecutar el contrato, a fin de seguir el procedimiento de selección únicamente con dichos proveedores, asegurando el éxito de la contratación y cumplimiento de sus prestaciones.

Siendo así, haberse convocado una adjudicación simplificada en mérito de una Licitación Pública con Precalificación declarada desierta, además de contravenir las normas legales que acarrean la nulidad del proceso de selección hasta la convocatoria, ha ocasionado que se otorgue la buena pro de una contratación de gran envergadura (con un valor referencial superior a los S/ 200 000 000,00) en un proceso en el que los postores tuvieron plazos muy reducidos para la formulación de consultas y observaciones a las bases administrativas, en el que no se pudo impugnar el pliego de absolución de consultas y observaciones a efectos de que el OSCE determine las posibles vulneraciones a la normativa, y plazo muy reducido para la presentación de sus ofertas.

Además de no haberse procurado asegurar el éxito de la contratación; que si se hubiera dado de haberse convocado una Licitación Pública, que contempla una etapa, propiamente dicha, de calificación de ofertas (verificación de aquellos elementos que acreditan que el postor reúne las capacidades necesarias para ejecutar la prestación de manera idónea); o una Licitación Pública con Precalificación, que permitía la preselección de proveedores con calificaciones suficientes para ejecutar el contrato.

2.- En la Adjudicación Simplificada n.° 37-2018-GRU-GR-CS-1 para la ejecución de la contratación de la obra “Mejoramiento de la Carretera Departamental Neshuya-Curimaná, distrito de Irazola y Curimaná, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali”, el Consorcio Vial May Ushin, integrado por las empresas Dial Sac y Tableros y Puentes SA, presentó en su propuesta técnica documentación falsa.

El 28 de noviembre de 2018 el Comité de Selección suscribió el Acta de Evaluación, calificación y otorgamiento de la Buena Pro a favor del Consorcio Vial May Ushin, integrado por Desial SAC y Tableros y Puentes S.A. Sucursal del Perú, por la suma de 203 260 008,49.

Las bases integradas del  procedimiento de selección en cuestión, señala como requisitos para el Ingeniero de Control de Calidad, tener una experiencia mínima de 5 años en obras en general como ingeniero de control de calidad. Ante ello, el Consorcio Vial May Ushin, incluyó en su propuesta a una persona que presentó tres certificados de trabajo otorgados presuntamente por COLESI Construcciones S.A. como base para demostrar su experiencia profesional.

Sin embargo, tras las solicitudes de información efectuadas por el Órgano de Control Institucional a la empresa COLESI Construcciones S.A., se obtuvo como respuesta a través de la carta n.° 89-18/Ay/COLEDI S.A. de 6 de diciembre, que dicho profesional propuesto por el Consorcio Vial May Ushin jamás trabajó en ninguna de sus obras y que dicha empresa nunca emitió certificado laboral alguno a su nombre.

La situación descrita transgrede la normativa vigente de Contrataciones, y corresponde a la Entidad (Goreu) comunicar lo ocurrido al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.

En tal sentido, existe el riesgo que se consienta la buena pro de la adjudicación simplificada N.°37-2018-GRU-CR-CS-1, a favor de un postor que no cumple con los requisitos de calificación de la contratación; y por consiguiente, el eventual incumplimiento con sus obligaciones contractuales. Además de atentar contra la legalidad con que deben regirse las contrataciones públicas.

La Contraloría General advierte oportunamente a las Entidades de los riesgos identificados como producto de sus intervenciones, a fin de que mejoren los procesos, para garantizar la calidad de las obras y que las mismas sean en beneficio de la ciudadanía.


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