Cesar Ortiz Anderson

Cómo los “Indicios razonables” se vuelven un búmeran para quienes los usaron como vendetta política

Escribe Cesar Ortiz Anderson.- Era agosto del año 2000 cuando fui convocado por el Dr Lizárraga quien era asistente del General del Ejército en retiro y presidente de la Comisión de Orden Interno, Defensa y Seguridad Ciudadana, para que “Ad honorem” y durante los siguientes 8 meses conjuntamente con 12 personas más del sector Justicia, Policías, Representante del Municipio de Lima, trabajar 12 proyectos de Ley que luego de mucho esfuerzo logramos entregar e inmediatamente fueron presentados al Ejecutivo. 7 de las mismas fueron aprobadas y, entre ellas, una propuesta personal que fue el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONACEC.

El hoy expresidente prófugo Alejandro Toledo, ordenó que sus asesores revisen la propuesta, pero en esa fase trastocaron el espíritu de la iniciativa - produciendo un Frankenstein- y que no era otra cosa que expertos “civiles”, en representación de alguna manera de los “destinatarios” finales del alcance del accionar de dicho ente por crearse, como lo es la sociedad civil, interactúen al mismo nivel con el Ministerio del Interior. Era, si cabe el paralelo, crear una suerte de Ministerio sin cartera, sin voto, pero con voz en el Consejo de Ministros. Pues, todo lo relatado aquí está grabado y en archivo en el Congreso de la República ya que había sido candidato como Congresista por el Frente Independiente Moralizador FIM. El mismo Fernando Olivera por recomendación del Congresista  Polo Gamarra, me citó en San Isidro en un café que se ubicaba debajo del departamento donde vivía, diciendo que mi tema era importante y me ofreció ser Candidato a congresista por su Agrupación y después de unos días acepté la propuesta. Al año siguiente Olivera me propone ser su asesor de seguridad y también asesor del Presidente del INPE, en ese entonces Javier Bustamante, una persona decente pero sin coraje. Es importante precisar que Fernando Olivera me llamó una madrugada solicitando con carácter de urgencia mi presencia en su departamento. Me mostró el Cassette Montesinos-Kouri que fue el factor desencadenante de la caída del régimen de Fujimori y luego de poner a su esposa e hijas a buen recaudo realizamos una serie de estrategias de seguridad hasta las 6 de la tarde, que se presentaría a la prensa nacional y extranjera en el Hotel Bolívar. Lo relatado apareció en una entrevista a dos páginas, 2 y 3 me parece del diario el Comercio, que le hacen a Olivera, dónde públicamente agradece mi gestión en la seguridad de dicha presentación y la de su familia.

Yo tenía planificado un viaje de vacaciones a los EE.UU y lo estaba disfrutando, cuando salió el escándalo del año 2003, una coyuntura muy complicada para Toledo como lo fue el sonado caso de su asesor César Almeida,  y entonces mi viaje fue aprovechado por los Congresistas de oposición para hacer creer a la opinión pública que el suscrito, el asesor de Olivera en temas de seguridad, estaba fugado, pues nada más cierto, aun recuerdo que salí en una entrevista al aire desde Miami en el programa “Cuarto Poder”, sosteniendo mi Inocencia y anunciando mi adelanto de retorno a Lima antes de lo planificado, cosa que realmente ocurrió, para enfrentarme a un juicio público - cómo no me tocó un Juez como Carhuancho que garantice la publicidad de lo actuado - ante la Comisión de Fiscalización que la Presidia Javier Velásquez Quesquén y la integraba Mauricio Mulder y Aurelio Pastor, que trataron de intimidarme: Fui citado en 3 ocasiones y una cuarta a pedido mío, pero mi informe jamás fue presentado públicamente.

En el año 2002 fue secuestrada la Sra. Farkas esposa del mejor amigo de Toledo, Adam Polak, recientemente fallecido. Obtuve información valiosa a través de uno de mis informantes en el penal Castro Castro, información que se la entregué personalmente al Ministro del Interior de ese entonces Gino Costa y, gracias a esa información, la policía pudo liberar sana y salva a la esposa del Sr. Polak. También en ese entonces ya había interpuesto una demanda contra el Banco Financiero, hoy Banco Pichincha, por 6.5 millones de dólares por incumplimiento de contrato, el que, dicho sea de paso, hasta hora duerme el sueño de los justos, sabe Dios si aún me alcanzan los odios por el sólo hecho de haber aportado profesionalmente mis servicios en lo que mejor sé hacer: Seguridad. En fin, sin prueba alguna fui declarado culpable de Tráfico de Influencias, cuando nadie se benefició por mi trabajo de mejorar la seguridad en los penales ni jamás recibí dinero alguno, siendo el Narcotraficante Lucio Tijero, fallecido recientemente, mi principal acusador ante la Comisión de Fiscalización, pero él ya había en años anteriores acusado a otros personajes, pero en Juicio público me pidió perdón por faltar a la verdad, de que me acusó porque estaba siendo amenazado. No hay que ser muy inteligente para saber políticamente a quienes le convenía mi condena y apresamiento, mi libro de cabecera siempre fue el Conde de Montecristo escrito por Alejandro Dumas (hijo).

Me dictaron pena suspendida de 4 años y al pago de una reparación civil que cumplí, por lo que no es sólo Susy Diaz la que pagó totalmente su reparación civil, yo también lo hice, pero aquí una cosa muy curiosa, no bastando ser insólito que en este país se paguen las reparaciones civiles, al igual que Susy Diaz, la Procuraduría me está solicitando el pago de intereses. De Ripley!

Finalmente, hay muchos funcionarios que conocen y tienen pruebas de las diferentes administraciones de Gobierno, de que estamos frente a un grupo de magistrados, Fiscales y Jueces distintos, son pocos, con algunos actos que tal vez puedan aparentar excesos en el ejercicio de su función, pero que sin olvidarse de que también son humanos, seguramente en su celo por administrar justicia, perseguir el delito y sancionar a los culpables, en un entorno de impunidad sistémica, más aún cuando los delitos son cometidos por personas mediáticas por su poder económico o sus cercanías con el poder político, nadie hoy día puede negar que estos magistrados están cambiando la percepción de la ciudanía respecto a la Justicia en nuestro país, dónde muchas veces se confunde la “Lealtad” con la “Complicidad”, pues son cosas totalmente diferentes. Pues, la primera explica el por qué el Derecho Penal otorga la concesión de que nadie puede estar obligado a declarar contra su cónyuge y el por qué el guardar silencio no es incriminatorio; y, la segunda, explica el por qué no debe existir razones atendibles para inmolarse y a veces hasta comprometer la reputación para no afectarse o vincularse a un hecho respecto al cual no se ha tenido participación alguna, más aún si este hecho es delictuoso. Este es el fundamento de real la colaboración eficaz, dado que tampoco se puede permitir y relajar el test de legitimidad para aceptar la incriminación que hace alguien buscando liberarse completamente del delito en que participó, pero sí cuando menos justifica la existencia de indicios razonables para investigar.

Yo sostuve mi verdad y a pesar de las presiones políticas no pudieron encarcelarme, pues pese a no existir prueba fehaciente alguna en mí contra, se me impuso una condena suspendida, entiendo desde mi punto de vista, forzando una aparente vinculación de mi conducta con los hechos imputados, esos que son los denominados “Indicios Razonables”,  los que lejos de ser compulsados para arribar a la clara convicción de la existencia de una relación de causa a efecto, entre una conducta y un tipo penal, los citados indicios, en mi caso, fueron convertidos deliberadamente – por no decir políticamente- en pruebas para condenarme injustamente en un juicio que afronté con la entereza de saberme inocente. Pese a todo como ciudadano acepté ese resultado de la justicia.

Cesar Ortiz Anderson

Presidente de Aprosec

www.aprosec.org

Cel.:999316197 / 998160756

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