Amazonas

Autoridades desarticulan la organización criminal “Los ilegales de Amazonas”

Dedicada a delitos como usurpación agravada y falsificación de documentos.

Amazonas.- La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon hoy, en la región Amazonas, la organización criminal “Los ilegales de Amazonas”, dedicada a cometer delitos como usurpación agravada y falsificación de documentos, y de la que forma parte un alcalde distrital y otros funcionarios públicos, informó el Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Mauro Medina, dio a conocer que durante la intervención en este 49 megaoperativo, que ejecutan en lo que va del año la Policía Nacional y el Ministerio Público, se ha detenido hasta el momento a 12 presuntos integrantes de esta organización delictiva, entre ellos, el sindicado como cabecilla, Douglas Rojas Seguier, de 37 años de edad, alias “Sesera”, quien es abogado y árbitro en laudos.

Refirió que entre los detenidos figura también Pedro Mori Rojas, burgomaestre distrital de Cuispes, perteneciente a la provincia de Bongará.

Este sujeto, apodado “Uspide”, se beneficiaba económicamente mediante el mecanismo de arbitraje. Del mismo modo, se detuvo a un notario, dos funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura y dos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), indicó el titular del Interior.

Entre los bienes incautados en el megaoperativo figuran computadoras portátiles y de escritorio, así como dinero en efectivo contabilizado en 10,300 soles y 395 euros, detalló. Este megaoperativo, que comenzó anoche y culminó en las primeras horas de hoy, estuvo liderado por la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.

En la intervención participaron 393 efectivos policiales y 40 representantes del Ministerio Público, entre fiscales y auxiliares. Comisión del delito Medina Guimaraes detalló que, según las investigaciones que demandaron seis meses de minuciosa labor, “Los ilegales de Amazonas” solían inscribir laudos arbitrales fraudulentos para adquirir predios agrícolas en base a documentos falsos.

Luego, notarios ligados a la red criminal los elevaban a escrituras públicas, logrando con ello importantes beneficios económicos. “A través de laudos arbitrales se daba también resolución de controversias con documentación fraudulenta para la titulación de terrenos y posterior venta a terceros con fines de lucro”, manifestó.

Agregó que esta organización criminal simulaba donaciones de terrenos con inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) para posteriormente venderlos.

El ministro sostuvo que las comunidades campesinas han sido las principales víctimas de los delitos de esta organización criminal.

“Hay por lo menos tres comunidades campesinas afectadas por el accionar de la organización criminal ‘Los ilegales de Amazonas’, además del despojo de predios agrícolas que han sido vendidos a terceros”, dijo.

Afirmó que con la segunda etapa de la investigación, en base a lo incautado, se va a tener nuevos nombres, nuevos intervenidos y mapear cuántas personas resultaron afectadas por “Los ilegales de Amazonas” y cuánta fortuna amasó esta organización criminal. “Hacemos inteligencia permanentemente.

Este trabajo contra la organización criminal ‘Los Ilegales de Amazonas’ duró seis meses. Tenemos 24 megaoperativos en desarrollo que incluyen esta zona del país, con participación de la Fiscalía”, subrayó Medina Guimaraes.

Por su parte, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, afirmó que junto a la Policía Nacional se desempeña una franca lucha contra el crimen organizado en sus diversas modalidades, en este caso de usurpación de terrenos. “No se puede permitir que delincuentes vengan a quitarle el terreno a las comunidades campesinas.

Que sepan que las comunidades van a estar defendidas por la Policía Nacional y el Ministerio Público”, enfatizó. El fiscal Chávez Cotrina anunció que el Poder Judicial ha dado 15 días de detención preliminar contra los capturados. “Al terminar se va a solicitar los 36 meses de prisión preventiva por los delitos detallados por el ministro del Interior”, aseveró.


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