En Aguaytía

Contraloría realizó Audiencia Pública Provincial en Padre Abad Ucayali

Ciudadanos denunciaron irregularidades en obras de saneamiento básico.

Entrevista al gerente de la Gerencia Regional de Control de Ucayali, en la Audiencia Provincial en la ciudad de Aguaytía

Aguaytía.- La Contraloría General de la República realizó ayer (Lunes) la primera Audiencia Pública en la provincia de Padre Abad, con la finalidad de escuchar a los moradores de los distritos de Curimaná, Irázola, Neshuya y Alexander Von Humboldt y Aguaytía, quienes previamente inscritos hicieron uso de la palabra para expresar sus quejas, denuncias y solicitar la intervención de la Contraloría en las obras de sus localidades.

Entre los principales malestares expresados por los ciudadanos figuran: El retraso en las obras de saneamiento básico (agua potable, desagüe y alcantarillados) que se encontrarían paralizadas o inconclusas; falta de presupuesto participativo en el distrito de Curimaná y la deficiente supervisión por parte del municipio respecto al cumplimiento de los contratos por parte de las empresas ejecutoras; el pésimo estado de las carreteras y vías de acceso a los caseríos Nuevo Amazonas, Nuevo Jerusalen, entre otros, lo que perjudica a los agricultores.

Un ciudadano denunció el presunto mal uso de los recursos públicos en la UGEL de Padre Abad, así como el presunto encubrimiento de un docente denunciado por acoso y tocamientos indebidos a menores de edad.

Pidieron también la intervención de la Contraloría en la ejecución del nuevo mercado modelo de Aguaytía, valorizada en más de 9 millones de soles, que se vendría ejecutando en terrenos no aptos (aguajales) y con materiales de ínfima calidad.

También se realizó serias críticas a los programas dedicados al apoyo a los agricultores, quienes aseguran no ver resultados pese a las fuertes inversiones en ese sector; y a poca atención a los adultos mayores y personas con habilidades diferentes.

La sede regional de la Contraloría General de la República, evaluará a detalle las denuncias realizadas por los ciudadanos en la Audiencia Pública, para en un plazo de 30 días, informar sobre las acciones que adoptará al respecto.


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