En la región Ucayali

Contraloría General sancionó e inhabilitó a 23 funcionarios y servidores públicos

De acuerdo a la gravedad de la infracción administrativa, los sancionados fueron suspendidos temporalmente para trabajar en el Estado durante 30 hasta 360 días.

Pucallpa.- La Contraloría General reveló que, al 31 de julio del 2018 a nivel nacional, un total de 967 funcionarios y servidores públicos, fueron suspendidos o inhabilitados temporalmente para trabajar en el Estado, al contar con una sanción vigente por haber cometido infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus labores.

Región Ucayali:

En Ucayali, según se reporta, un total de 23 funcionarios fueron inhabilitados y/o suspendidos por la Contraloría, durante el primer semestre del año en curso.

De acuerdo a la gravedad de la infracción administrativa, los sancionados fueron suspendidos temporalmente para trabajar en el Estado durante 30 hasta 360 días, o inhabilitados para ejercer la función pública de uno a cinco años.

Esto funcionarios laboraban en la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali (3), Municipalidad Distrital de Irazola (1), Gobierno Regional de Ucayali (8), Dirección Regional de Salud de Ucayali (7), y la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (4).

La Contraloría General ha oficiado a los titulares de las entidades públicas del país a fin de que ejecuten de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios y servidores públicos que han incurrido en inconducta funcional.

Sanciones vigentes

Al 31 de julio del 2018, existen 1,031 sanciones vigentes inscritas que comprenden a 967 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional. Algunos de ellos (49) cuentan con dos o más sanciones administrativas vigentes.

Las sanciones de suspensión e inhabilitación son inscritas en el registro de sancionados de la Autoridad del Servicio Civil (Servir) y publicadas en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, como parte de la política de transparencia y acceso a la información de la Contraloría General.


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