Augusto Lostaunau Moscol

A un año del incendio de la Galería Nicolini

Augusto Lostaunau Moscol *

El  jueves 22 de junio de 2017 se produjo el dantesco incendio en la tristemente célebre Galería Nicolini, ubicada en el área comercial popularmente conocida como Las Malvinas. Una vieja fábrica que fue “acondicionada” para convertirse en un Centro Comercial improvisado, que ninguna gestión municipal inspeccionó con la rigurosidad propia de una autoridad que se preocupa por la vida y la salud de los ciudadanos que votaron por él y gobierna. Un lugar donde donde los jóvenes Jovi Alania Herrera y Jorge Luis Huamán perdieron la vida dentro de un contenedor que se encontraba cerrado con un candado por la parte externa. Éste incendio desnudó –otra vez- la cruel realidad en la que miles de peruanos trabajan. Explotación y degradación laboral sin el más mínimo interés por parte de las autoridades del gobierno central y del Ministerio de Trabajo en particular. Una situación que es aprovechada por los “intelectuales, economistas y analistas políticos” -que los empresarios, los medios de comunicación particulares y los partidos de la derecha peruana mantienen- para “ilustrarnos” de la existencia de la informalidad y la culpa de la existencia del Salario Mínimo Vital. En realidad, no es informalidad, es ilegalidad.

La muerte de los dos jóvenes que eran tratados como esclavos en pleno siglo XXI por parte de un empresario peruano, determinó que se inicie una investigación que permitió descubrir que el dueño del negocio, don Jonny Coico, quien en todo momento era consciente de la situación de riesgo que vivían los trabajadores encerrados en un contenedor. En las investigaciones, también se incluyó al alcalde de Lima, quien declaró antes los medios que fue él “quien prendió el fosforo que inició el incendio”. Una respuesta propia de un ser limitado e incapaz. Una respuesta propia de una autoridad que no le importa la ciudad que gobierna. Una respuesta propia de un individuo sin ninguna autoridad moral.

El incendio también sirvió para investigar otras galerías en el jirón Gamarra (en el distrito de La Victoria) donde también se encontraron trabajadores en situación infrahumana. Lo cual sirvió para que el gobierno anuncie que se pondría “mano dura” contra los explotadores. Un año después, los casos de explotación y de trato inhumano a miles de trabajadores peruanos es moneda de uso corriente frente a la desidia y complicidad de las autoridades respectivas.

Aún es común ver señoritas siendo explotadas en los tragamonedas y negocios de comida rápida. Aun es común ver cientos de jóvenes explotados y maltratados en los centros comerciales y tiendas por departamentos. Aún es común ver jóvenes explotados en los trabajos de los cientos de condominios. Y no existe autoridad que le importe la condición de esos miles de compatriotas. Y, la situación ha empeorado con la migración de miles de jóvenes venezolanos. Lo cual ha pauperizado mucho más las condiciones laborales en el Perú. En nuestro país, las condiciones en las que miles de trabajadores realizan sus labores productivas, son las mismas que sufren cientos de víctimas de la Trata de Personas. Muchas veces es casi imposible diferenciar entre un trabajador y una víctima de Trata de Personas. Así de denigrante es la situación laboral en el Perú.

El Poder Judicial aún no ha emitido una sentencia a los acusados por la muerte de los jóvenes Jovi Alania Herrera y Jorge Luis Huamán. Los familiares de las víctimas han denunciado que existe un “trato preferencial” a favor de Jonny Coico y mucha discriminación contra los deudos de las víctimas. Es más, en estos mismos días que se cumple un año de la tragedia de la Galería Nicolini, se corre el riesgo que los detenidos salgan en libertad. Es común que el Poder Judicial desacredite a la justicia en el Perú. Es común que el Poder Judicial se burle de la justicia en el Perú. Es común que el Poder Judicial viole la justicia en el Perú.

Mientras tanto, existen dos familias que reclaman justicia. Existe una clase trabajadora que se debe enfrentar al peor peligro que existe en el Perú: reclamar. Porque cuando un trabajador reclama, es echado del centro laboral. En el Perú, no existe justicia para la clase trabajadora. Sólo los empresarios tienen a su disposición la ley. Y lo que es peor, en el régimen a nadie le importa. Al Ministerio de Trabajo no le importan los trabajadores. Al Congreso de la República no le importan los trabajadores. A los empresarios no le importan los trabajadores. Es más, ahora los han degradado bajo el insulto de “colaboradores”.

Triste homenaje a dos jóvenes mártires de la clase trabajadora peruana del siglo XXI.

*Historiador a favor del Colegio Profesional de Historiadores del Perú.


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