Verificarán que en escuelas no trabajen sentenciados por terrorismo

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El Minedu investigará la implicación de profesores y personal administrativo de instituciones educativas públicas y privadas del Perú en delitos de terrorismo o de violación de la libertad sexual.

Lima.- Una Comisión Sectorial, dependiente del Ministerio de Educación (Minedu), será instalada en 10 días hábiles para verificar la implicación de docentes y personal administrativo de colegios, institutos y universidades públicas y privadas en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas.

La creación de esta Comisión Sectorial fue anunciada en el diario oficial El Peruano a través de la Resolución Ministerial N°708-2017-Minedu. En ella, se detalla que esta comisión estará encargada de proponer mecanismos y/o estrategias de lucha contra el terrorismo, la apología del terrorismo, la violación de la libertad sexual y el tráfico ilícito de drogas, así como fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 29988, la que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo.

La comisión, además, crea el Registro de personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal en el Sector Educación, a la cual en adelante se le denomina Comisión Sectorial.

La Comisión Sectorial del Minedu estará conformada por nueve personas, entre ellas el asesor del Despacho Ministerial, quien la presidirá. Además, el viceministro de Gestión Pedagógica, el secretario General, el director General de la Dirección General de Desarrollo Docente, el director General de la Dirección General de Educación Básica Regular, el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, el jefe de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación y el procurador Pública del

Ministerio de Educación.

Se precisa que estos miembros de la Comisión Sectorial ejercerán sus funciones ad honorem.

Entre las principales funciones, la comisión estará encargada de desarrollar y proponer mecanismos y/o estrategias de lucha contra el terrorismo, la apología del terrorismo, la violación de la libertad sexual y el tráfico ilícito de drogas en las instituciones educativas a nivel nacional.

Además, proponer el tipo de sistema informático necesario para la generación, sistematización y actualización de información del personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas.

Crea también el Registro de personas condenadas o procesadas por lo expuesto y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal.

Asimismo, supervisa si es que anualmente y dentro de los primeros treinta días de iniciadas las clases se cumplió con verificar que ninguna institución de educación básica ni instituto o escuela de educación superior, ni academias de preparación preuniversitaria públicas o privadas, posean en su plana docente o administrativa personal condenado con sentencia consentida o ejecutoriada por cualquiera de los delitos detallados.

También supervisará que los directores de las referidas instituciones educativas informen anualmente al Minedu sobre la situación jurídica de su personal, que las universidades reformen sus estatutos a efectos de cumplir con la disposición de que ninguna universidad pública o privada tenga en su plana docente o administrativa personal condenado con sentencia consentida o ejecutoriada por los delitos e informará semestralmente al despacho ministerial sobre los resultados de las labores de supervisión efectuadas.

– Financiamiento y vigencia-
El financiamiento estará con cargo al presupuesto institucional del Minedu, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y tendrá una vigencia de 24 meses, que serán computados desde el día siguiente de su instalación, la cual podrá ser renovada.

Fuente: El Comercio

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