Frente al 2018: Elecciones y Corrupción

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Augusto Lostaunau Moscol *

“Como todo cabe en nuestro país, es posi¬ble incluso que los culpables todavía sean funcionarios públicos, y que se sientan pro¬tegidos por nuestro inepto sistema de justi¬cia, amparados por alguna ley abyecta que permite que las investigaciones y delitos de corrupción tengan fecha de caducidad”.
Jorge Yui

En una infografía difundida por el diario La República (sábado 26 de agosto de 2017) se puede observar la siguiente cifra:
• Alcaldes distritales investigados por casos de corrupción: 428
• Alcaldes provinciales investigados por casos de corrupción: 102
• Gobernadores o ex gobernadores regionales investigados o procesados por casos de corrupción: 67

Con estas cifras se puede afirmar que la corrupción no sólo está en el gobierno central; también se ha extendido a las regiones. Existiendo condiciones de lo más óptimas para dicha expansión. Una condición es la pésima ley de partidos políticos que tenemos. Una ley que obliga a los partidos a tener representaciones en la mayor parte del país, lo cual obliga muchas veces a “alquilar” el símbolo del partido a algún grupo local. Creando los llamadas “partidos franquicias”. Incluso, algunos representantes del alquiler del símbolo partidario lograron ingresar al Congreso de la República.

Además, las elecciones distritales son básicamente elecciones vecinales. Los vecinos de un distrito eligen al vecino más conocido. Eligen al vecino que tiene una suerte de curriculum vite social conocido y reconocido. Y, lastimosamente, en un país donde la corrupción ya tomó carta de ciudadanía, donde se roba pero se hace obra, donde la plata llega sola, donde la comisión mueve las licitaciones, a nadie le importa el origen del dinero del vecino afamado.

Entonces, entre partidos políticos que no son partidos políticos y vecinos afamados que muchas veces no pueden demostrar el origen de sus fortunas, los municipios distritales albergarán a muchos que pronto engrosarán la cifra de 428 alcaldes distritales investigados por casos de corrupción.

Hace un par de años, Walter Albán indicó que:
“En el Perú, no solamente se constata hoy un crecimiento alarmante de los niveles de corrupción, sino que ésta se alimenta, en buena medida, con los ingentes recursos provenientes de la economía ilegal, principalmente vinculada al narcotráfico y el lavado de activos. A partir de ello, asistimos a un escenario en el que la criminalidad organizada viene penetrando instituciones claves en el Estado, como la Policía Nacional, el Consejo de la Magistratura, el Poder Judicial, el Ministerio Público o el propio Congreso de la República, al punto que resulta plausible sostener que no enfrentamos solamente una situación de debilidad, sino de verdadera descomposición institucional”.

Efectivamente, la corrupción no llega sola (porque el dinero no llega solo); por el contrario, junto a la corrupción llegan otros delitos como narcotráfico, lavado de activos, Trata de Personas, explotación laboral, criminalidad, etc. Las regiones corren el riesgo de seguir en manos de bandas delincuenciales encaramadas en los cargos públicos.

Además, como bien ha señalado el doctor Percy García Cavero:
“No hay duda que el ámbito social en el que nuestra cabeza piensa cuando se menciona la palabra “corrupción” es la función pública. Y no me equivocaría al decir que muchos ciudadanos piensan que la corrupción es patrimonio exclusivo de los funcionarios públicos. Sin embargo, los que se han dedicado al estudio de la corrupción concluyen de manera unánime que la corrupción se presenta en la esfera privada con la misma incidencia y lesividad que en la esfera estatal, por lo que un programa de lucha contra la corrupción no puede centrarse únicamente en la corrupción pública”.

Lo cual es muy cierto. En la mirada contra la corrupción, los ojos siempre se dirigen hacia el sector estatal, dejando de lado al sector empresarial privado. Y, precisamente, muchos candidatos a las alcaldías hacen saber –como parte de sus logros personales- que son importantes empresarios locales surgidos de la nada, casi de lustrabotas a dueños de grandes empresas. “Emprendedores empoderados” les denomina la nueva jerga de la administración pública.

Se debe tener mucho cuidado con estos “emprendedores empoderados” ya que, existen muchos casos en los cuales, el origen de sus fortunas económicas es más oscura que la esquina de una celda.

Es necesaria la intervención de un nuevo organismo electoral que transparente totalmente la información que los candidatos presentan. Sus declaraciones juradas. El origen de sus ingresos. Propiedades. Estudios. Etc. Es necesaria la mayor información. Ya no debe bastar que una lata de leche (que muchas veces no es leche) o un taper compren un voto.

Esto es necesario porque, como afirma Jorge Yui:
“Las criminales consecuencias de la co¬rrupción incluyen la inmensa desigualdad material que asola a nuestra sociedad. La impunidad con la que muchas veces em¬presas nacionales y extranjeras saquean nuestros recursos y contaminan nuestro medio ambiente y sobre todo gracias a pa-trañas y corruptelas criminales niegan todo beneficio a nuestra sociedad”.

*Historiador a favor del Colegio Profesional de Historiadores del Perú.


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